La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Energía y Minería con 77 votos, tras modificar el proyecto para conservar el 30% de regalías destinadas a las provincias amazónicas y cerrar un debate político que se extendió por más de tres horas.
Asamblea Nacional respalda proyecto económico urgente
El Pleno conoció la iniciativa enviada por el Ejecutivo el 28 de enero de 2026 con carácter urgente en materia económica. La sesión se desarrolló en la Universidad ECOTEC, en Guayaquil, y fue presidida por la Asamblea Nacional.
La bancada oficialista de Acción Democrática Nacional impulsó la propuesta y reunió los votos necesarios para su aprobación. Con el respaldo mayoritario, el texto será remitido al Ejecutivo para su sanción o eventual veto. Es importante destacar el papel de la Asamblea Nacional en este proceso legislativo.
Eliminación del artículo 29 definió la votación
El debate se centró en el artículo 29, que planteaba eliminar el 30% del superávit de regalías petroleras que reciben los Gobiernos Autónomos Descentralizados en territorios generadores de energía. Por cierto, todo esto fue discutido en la Asamblea Nacional.
Tres legisladores amazónicos, exintegrantes de Pachakutik, condicionaron su apoyo a la eliminación de ese punto. Argumentaron que el país necesita fortalecer los sectores estratégicos, pero sin reducir recursos para la Amazonía, destacando la función clave de la Asamblea Nacional en la definición de la ley.
El Pleno votó el proyecto en dos partes. Primero aprobó los 28 artículos y las disposiciones transitorias. Luego respaldó la moción que eliminó el artículo 29. Con ese cambio, se mantiene la asignación del 30% de regalías para las provincias amazónicas bajo decisión de la Asamblea Nacional.
Posturas divididas en el Legislativo
La bancada de la Revolución Ciudadana solicitó el archivo del proyecto y cuestionó posibles efectos ambientales. Desde el oficialismo defendieron la norma y aseguraron que no elimina controles, sino que ajusta procedimientos en la fase de exploración, medida aprobada por la Asamblea Nacional.
La ley establece permisos mineros improrrogables por 10 años y limita a un permiso por persona. Además, crea mecanismos para formalizar la minería artesanal y combatir la actividad ilegal vinculada a estructuras delictivas, según la decisión tomada por la Asamblea Nacional.
También incorpora la figura de clústeres mineros para promover empleo y dinamizar las economías locales en los territorios donde se desarrollen estas actividades, siguiendo lineamientos de la Asamblea Nacional.
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