El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate, el 20 de enero de 2026, el proyecto de Ley Orgánica para prevenir y sancionar el uso delictivo de uniformes de seguridad pública. Esta propuesta busca cerrar vacíos legales frente a nuevas modalidades del crimen organizado. La iniciativa plantea incorporar dos nuevos tipos penales al Código Orgánico Integral Penal. Esto responde al uso fraudulento de uniformes e insignias oficiales para cometer delitos.
Dos nuevas figuras penales en el COIP
La propuesta legislativa introduce la simulación de autoridad operativa y la comercialización no autorizada de uniformes e insignias institucionales como delitos autónomos. Además, según se explicó durante el debate, las organizaciones criminales recurren cada vez más al engaño y a la suplantación de funciones públicas para ejecutar secuestros, robos y extorsiones. Aprovechan la apariencia de legalidad que otorgan estos distintivos.
Penas que alcanzarían hasta siete años de prisión
En el caso de la simulación de autoridad operativa, el proyecto establece sanciones de uno a tres años de prisión por la instalación de falsos retenes o patrullajes. También, la pena se eleva de tres a cinco años cuando estas acciones derivan en privación ilegal de la libertad, ingreso forzado a inmuebles o afectación patrimonial. Por otro lado, puede llegar de cinco a siete años si se involucra o compromete a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas.
Control a la venta de uniformes e insignias oficiales
La iniciativa también sanciona la fabricación, importación, distribución o venta sin autorización de uniformes, insignias, credenciales y distintivos de instituciones militares y policiales. Para estos casos se propone una pena de uno a tres años de privación de libertad. El objetivo de esta sanción es frenar un mercado que ha sido identificado como un riesgo directo para la seguridad ciudadana.
El proyecto regresa a comisión
Tras el primer debate, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, dispuso que el proyecto retorne a la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral para la elaboración del informe para segundo debate. En esa etapa se podrán incorporar observaciones y ajustes antes de su eventual aprobación.
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