La Asamblea Nacional vuelve a ser escenario de una disputa política que ahora se traslada al ámbito judicial. Esto ocurre en medio de tensiones entre el oficialismo y la bancada de Revolución Ciudadana.
El Pleno deberá resolver si autoriza que continúe una querella penal presentada contra el asambleísta Juan Andrés González, actual jefe de bancada del correísmo. Esto sucede en un contexto marcado por la ausencia de mayorías claras.
Sesión convocada por la Corte Nacional de Justicia
El presidente del Legislativo, Niels Olsen, convocó a sesión del Pleno para el martes 20 de enero de 2026, a las 12:30. El objetivo es tratar dos oficios remitidos por la Corte Nacional de Justicia.
En estos documentos se solicita que la Asamblea Nacional se pronuncie sobre la posibilidad de que el proceso penal continúe. Esto se debe a que la Constitución exige autorización parlamentaria para que un legislador en funciones enfrente una causa judicial.
Querella presentada por legisladoras del oficialismo
La querella fue presentada por las asambleístas Janina Rizzo y Mishel Mancheno, integrantes de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional. Ellas consideran que las declaraciones de González vulneraron su honra.
Ambas legisladoras acudieron a la justicia tras las acusaciones públicas realizadas por el asambleísta correísta a finales de 2025.
Declaraciones que originaron el conflicto
El origen del caso se remonta a diciembre de 2025. En ese momento, Juan Andrés González afirmó que el Gobierno de Daniel Noboa estuvo detrás del atentado con explosivos ocurrido en junio de ese año en la Bahía de Guayaquil.
El legislador calificó el hecho como un autoatentado y señaló a integrantes del Ejecutivo como responsables, lo que provocó una reacción inmediata del oficialismo.
Juez solicita pronunciamiento del Parlamento
Los oficios fueron enviados por el juez Felipe Córdova, integrante de la Sala Especializada de lo Penal y Corrupción de la Corte Nacional de Justicia.
El magistrado pidió que la Asamblea Nacional determine si se permite que el proceso avance en la justicia ordinaria. De lo contrario, se mantiene la inmunidad parlamentaria del legislador.
Un Pleno sin los votos necesarios
Para autorizar la continuación de la querella se requieren 101 votos, correspondientes a una mayoría calificada, cifra que el oficialismo no alcanza.
En contraste, para negar la solicitud se necesitan 77 votos, una mayoría absoluta que tampoco logra reunir Revolución Ciudadana. Por ello, esto mantiene en incertidumbre el desenlace del caso.
Juan Andrés González sostiene que es víctima de persecución política. Mientras tanto, en el Consejo de Administración Legislativa reposan denuncias administrativas que buscan suspenderlo hasta por 30 días sin remuneración.
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