El proceso de juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, avanza en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Además, el contexto está marcado por cálculos políticos, decisiones administrativas y falta de consensos claros entre los bloques legislativos.
El trámite fue impulsado por legisladores del correísmo, quienes acusan a Godoy de presunta responsabilidad política tras la denuncia del juez Carlos Serrano. Él afirmó haber recibido presiones para influir en un fallo relacionado con un caso de narcotráfico. Según la acusación, estas presiones habrían provenido del entonces director provincial del CJ en Pichincha, Henry Gaibor. Por cierto, Gaibor es cercano al presidente del organismo.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, Mario Godoy tiene plazo hasta el 31 de enero de 2026 para presentar su defensa y las pruebas de descargo. A partir del 1 de febrero, la Comisión de Fiscalización podría convocarlo a comparecer. Mientras tanto, los asambleístas proponentes deben sustentar sus cargos dentro del mismo período.
Cambios administrativos en el Consejo de la Judicatura
Uno de los elementos que rodean el juicio político es la reciente salida de 25 directores provinciales del Consejo de la Judicatura. La decisión fue tomada el 9 de enero de 2026, en vísperas del inicio formal del proceso legislativo. Además, se argumentó que era para evaluar el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales.
El nombramiento de nuevos directores requiere el voto de los cinco vocales del CJ y el cumplimiento de requisitos mínimos. Estos son estar en goce de derechos políticos y contar con un título de tercer nivel. Para el jurista Paúl Córdova, este proceso podría abrir espacios de negociación política. Esto se debe a que los perfiles seleccionados no necesariamente deben provenir del sector judicial.
Posible concurso para designar notarios
Otro factor relevante es la posibilidad de que el Consejo de la Judicatura convoque próximamente a un concurso para la designación de notarios. Este tipo de procesos suele generar interés político por su impacto a nivel nacional y territorial.
Según análisis jurídicos, este escenario podría convertirse en un punto de diálogo entre el presidente del CJ y distintos sectores de la Asamblea. Especialmente ocurre en un contexto donde los votos para una censura no están garantizados.
La indefinición del bloque oficialista
La posición de Acción Democrática Nacional resulta clave en el futuro del juicio político. Hasta el momento, el bloque oficialista no ha fijado una postura clara sobre la permanencia de Mario Godoy. Además, evalúan principalmente si una eventual destitución afectaría la estabilidad del Gobierno y su credibilidad política.
En este tipo de procesos, la historia legislativa muestra que las decisiones no siempre se toman únicamente por la solidez de las acusaciones. Muchas veces, también influyen acuerdos que se traducen en votos de respaldo o abstención.
La polémica con la jueza Nubia Vera
La controversia entre Mario Godoy y la jueza Nubia Vera también forma parte del contexto político del juicio. Vera sostuvo que fue presionada para no conceder una acción de protección a la entonces vicepresidenta Verónica Abad. Este caso está relacionado con una sanción del Ministerio de Trabajo.
Godoy negó dichas acusaciones y el tema permanece como un punto de disputa política más que como una prueba determinante dentro del proceso legislativo.
Para que se concrete la censura y destitución del presidente del Consejo de la Judicatura se requieren 101 votos. El correísmo cuenta con 62, por lo que necesita el respaldo de otros bloques como PSC, PK, independientes y una parte del oficialismo. En este escenario, las negociaciones podrían ser decisivas.
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