El pasado fin de semana, la comunidad de Bella Rica, en el cantón Camilo Ponce Enríquez, Azuay, fue escenario de un intenso operativo de control antidelincuencial que culminó con la detención de dos individuos. La acción fue encabezada por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, quienes fueron recibidos con disparos por parte de un grupo de más de diez personas atrincheradas en un supuesto campo minero, que se presume era utilizado por grupos de delincuencia organizada.
Detenciones e incautaciones
Durante el enfrentamiento, las autoridades lograron capturar a dos ciudadanos: Justin Jammuar Bravo, de 17 años, y Javier Eduardo Suárez Angulo, de 22 años. En el lugar, se incautaron armas de fuego, municiones, armas blancas, celulares, relojes y dinero en efectivo, lo que evidencia la magnitud de las actividades ilegales en la zona.
Estado de excepción
Este operativo se enmarca dentro del estado de excepción focalizado que rige en la zona tras el asesinato del alcalde José Sánchez en abril y un ataque armado en una cancha de fútbol. Las autoridades locales se han mostrado reticentes a dar entrevistas por razones de seguridad, dado que se consideran en alto riesgo de secuestros y extorsiones.
Disputa territorial
Pablo Guachamín, comandante de la Subzona Azuay de la Policía Nacional, señaló que Ponce Enríquez se ve afectado por la disputa territorial entre grupos delictivos debido a su ubicación estratégica entre las provincias de Guayas y El Oro. Aunque no se han registrado muertes violentas recientes, Guachamín destacó la necesidad de continuar con las investigaciones para asegurar que estos grupos no se establezcan en la zona.
Minería ilegal
El gobernador del Azuay, Santiago Malo, atribuyó los brotes delincuenciales en el cantón a la minería ilegal, subrayando la necesidad de acciones estratégicas para capturar a quienes se dedican a esta actividad. Francisco Contreras, jefe de operaciones de la Tercera División Ejército Tarqui, expresó preocupación por la extensión de la minería ilegal y el control de las bocaminas.
Impacto y Soluciones
Fernando Valencia, ingeniero en minas y docente de la Universidad del Azuay, enfatizó la urgencia de métodos de control más eficientes para combatir la minería ilegal, actividad que considera perjudicial para el Estado. La Comisión de Biodiversidad también ha incluido a Sigsig en su proceso de fiscalización, demostrando el alcance del problema en la región.
Este operativo y las medidas tomadas reflejan los esfuerzos continuos por restablecer la seguridad y el orden en Ponce Enríquez y sus alrededores, enfrentando tanto a la delincuencia organizada como a la minería ilegal.
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