El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Andrés Fantoni, sostiene que el concurso para designar al nuevo fiscal general del Estado se desarrolla conforme a la Constitución y la ley. Esto ocurre pese a las críticas de veedurías y organizaciones civiles que cuestionan la legitimidad de la Comisión Ciudadana de Selección.
Las observaciones surgieron tras el sorteo de los integrantes de la comisión, realizado el 14 de enero de 2026. En ese proceso participaron más de 300 veedores a nivel nacional. Según los críticos, existirían irregularidades que podrían comprometer la validez del concurso.
Observaciones de veeduría y comisión cívica
Los cuestionamientos provienen principalmente de la veeduría ciudadana acreditada y de la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso de Fiscal. Ambas instancias alertaron sobre la supuesta admisión de comisionados que no cumplirían los requisitos y sobre inconsistencias previas al inicio formal del proceso.
Estas denuncias incluso derivaron en la presentación de una acción de protección con medida cautelar. El objetivo es suspender el avance del concurso hasta que se revisen las presuntas anomalías.
Fantoni cuestiona la legitimidad de los reclamos
El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, rechazó las acusaciones y afirmó que existen cuestionamientos infundados promovidos por actores que desconocen los procedimientos de designación. En el caso de la veeduría, aclaró que el organismo solicitó un informe final. Además, ese informe deberá contar con el respaldo de la mitad más uno de los veedores acreditados, y no únicamente con la firma de su coordinador.
Respecto a la comisión cívica, Fantoni fue más crítico al señalar que algunos de sus integrantes fueron exfuncionarios del propio CPCCS. Pese a su experiencia, no presentaron impugnaciones formales en el momento procesal correspondiente.
El principio de preclusión limita revisiones
Fantoni explicó que uno de los errores más frecuentes en las críticas es asumir que el Pleno del CPCCS puede retroceder fases del concurso. Recordó que en los procesos de designación rige el principio de preclusión, lo que implica que cada etapa concluida no puede ser revisada ni revertida.
Añadió que el CPCCS, como entidad pública, está obligado a cumplir estrictamente los procedimientos legales. A diferencia de las comisiones cívicas, que son iniciativas privadas sin vínculo jurídico directo con la institución.
Posturas divididas dentro del CPCCS
Aunque la mayoría del Pleno respalda el proceso, existen consejeros que han manifestado su desacuerdo. Piedad Cuarán señaló que votó en contra del sorteo por considerar que existían dudas razonables sobre la idoneidad de algunos integrantes de la comisión ciudadana.
En la misma línea, Nicole Bonifaz afirmó que ha expuesto reiteradamente irregularidades durante las sesiones del Pleno. Además, advirtió que la mayoría ha cerrado los mecanismos internos para corregir posibles errores antes de que el concurso avance a fases decisivas.
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