Denuncia pública y tensión institucional
La mañana del viernes 11 de abril, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, hizo pública una denuncia que agudiza la tensión entre el Municipio y la fuerza pública. Según lo comunicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), se ejecutaron operativos de allanamiento en contra de funcionarios municipales. Aunque inicialmente se justificaron bajo la sospecha de posesión de armas, los resultados fueron diferentes. No se incautaron armas; en cambio, se decomisaron celulares y computadoras.
Una de las figuras afectadas fue Damián Cabrera, funcionario de la Dirección de Justicia y Vigilancia. Aquiles Álvarez enfatizó que allanaron a quien notificó a las empresas del presidente/candidato, lo cual, según su versión, convierte el operativo en una acción represiva y simbólica.
Señalamientos selectivos y respaldo político
Los allanamientos también incluyeron a Egis Caicedo y Marcos Toro. Según Álvarez, estos operativos no solo carecen de fundamento legal sólido, sino que tienen una intención implícita: generar temor. “Nadie se asusta”, escribió, subrayando su convicción de que allanaron a quien notificó a las empresas del presidente/candidato, como represalia.
Durante la última sesión del Concejo Cantonal, varios concejales respaldaron al alcalde y denunciaron persecución política. Álvarez, visiblemente firme, declaró: “No tengo grillete, no soy un holograma”. Su tono desafiante contrastó con la gravedad de los señalamientos judiciales. Además, cuestionó públicamente el proceso del caso “Triple A”, del cual ha sido vinculado recientemente.
Pronunciamiento judicial y ataque al fiscal
El 10 de abril, el juez Renán Andrade desestimó el pedido de prisión preventiva solicitado por el fiscal Carlos Leonardo Alarcón. Argumentó que no se cumplían los requisitos exigidos por el artículo 534 del COIP. Álvarez celebró la resolución como una victoria jurídica. Sin embargo, denunció que el proceso fue manipulado: “La instrucción fiscal cerró el 16 de marzo y pidieron vinculación entre gallos y medianoche”.
El alcalde insistió nuevamente en su denuncia clave: allanaron a quien notificó a las empresas del presidente/candidato. En su interpretación, esto constituye una forma de intimidación política. A pesar de las tensiones y la creciente exposición pública del caso, Álvarez aseguró que continuará defendiendo su administración con firmeza. “Aquí nadie se ha muerto. ¡Nadie se ahueva!”, sentenció.
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