Hace exactamente un año, Mario Godoy asumió la presidencia del Consejo de la Judicatura impulsado por la Revolución Ciudadana.
Su elección fue polémica. Incluyó presiones desde la Comisión de Fiscalización, entonces presidida por Pamela Aguirre, y el voto clave de Augusto Verduga, quien canceló su licencia de paternidad para asegurar su elección.
Godoy presentó un plan con cuatro ejes: lucha contra la corrupción, fortalecimiento institucional, evaluaciones periódicas y seguimiento a procesos disciplinarios. A la fecha, el cumplimiento es parcial.
Un sistema antisoborno, pero sin impacto amplio
En el ámbito de lucha anticorrupción, el principal avance ha sido la contratación de la consultora Kronosconsulting Cia. Ltda., por 65.838 dólares.
El objetivo: implementar un sistema de antisoborno conforme a la norma ISO 37001 en la Unidad Judicial Penal de Quitumbe y en procesos disciplinarios de la Dirección Provincial de Pichincha.
También se renovaron acuerdos con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) y se trabajó una matriz de riesgos con la Secretaría de Integridad, sin que se traduzca en resultados visibles.
No hubo evaluaciones a notarios, jueces ni fiscales
Una de las deudas más evidentes es la falta de evaluaciones a funcionarios judiciales.
Godoy no ha podido avanzar en los procesos para notarios, fiscales ni jueces, una tarea que otras administraciones sí impulsaron.
Capacitaciones sí, pero sin los exámenes ofrecidos
Godoy cumplió parcialmente con el fortalecimiento institucional. Entre julio y diciembre de 2024, se realizaron 70 procesos de capacitación que alcanzaron a 66.549 personas.
Sin embargo, no se implementaron los “exámenes permanentes” que él prometió en su plan de trabajo.
Procesos disciplinarios con 102 destituciones
En cuanto al seguimiento disciplinario, se registran 102 destituciones de servidores judiciales, entre ellos más de 45 jueces.
Uno de los casos emblemáticos es el del vocal Fabián Fabara, quien integra la terna enviada por la Asamblea para la presidencia de la Judicatura y sobre quien pesa una recomendación de destitución.
Grave déficit de jueces y fiscales
Uno de los principales problemas es la falta de concursos para nuevos jueces y fiscales.
Actualmente, hay un déficit de al menos 700 funcionarios. Según la vocal Yolanda Yupangui, se destituyen en promedio dos jueces por semana.
En un año, Godoy no logró concretar concursos ni avanzar con el banco de elegibles.
Un presupuesto que se reduce cada año
La Función Judicial operaba con 500 millones de dólares anuales. Hoy cuenta con solo 300 millones.
Esta reducción ha generado retrasos y precariedad. En algunas dependencias no hay ni papel para trabajar.
Pese a ello, Godoy ha impulsado la recategorización de jueces, lo que significaría un aumento salarial que implicaría 7 millones de dólares adicionales.
La reforma por garantías jurisdiccionales se estancó
En mayo de 2025 venció el plazo para crear unidades de garantías jurisdiccionales, una medida aprobada por consulta popular.
Aunque se avanzó con la elaboración del reglamento del concurso, la Corte Constitucional lo anuló, dejando el proceso en el limbo.

Una gestión marcada por el estancamiento
A un año de su mandato, la presidencia de Mario Godoy se caracteriza por una gestión estancada, sin avances en áreas sensibles como concursos, nombramientos y evaluación.
Mientras tanto, la crisis institucional del sistema judicial se profundiza.
Fuente: Expreso
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