La reciente aprobación y entrada en vigencia de la nueva Ley de Inteligencia en Ecuador marca un cambio estructural en el sistema de inteligencia del país. Bajo el argumento de fortalecer la lucha contra el crimen organizado, el Gobierno de Daniel Noboa ha establecido parámetros más amplios para la actuación de los organismos de inteligencia, encabezados por el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES). Esta entidad es dirigida por Michele Sensi-Contugi, un empresario cercano al presidente y sin trayectoria previa en inteligencia.
¿Qué es el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES)?
El CIES es la máxima autoridad en materia de inteligencia en el país. Por lo que,su director, designado por el Presidente, tiene más de 20 funciones clave, entre ellas:
- Proporcionar inteligencia y contrainteligencia al Presidente de la República.
- Elaborar el Plan Nacional de Inteligencia.
- Coordinar operaciones de inteligencia, contrainteligencia y ciberinteligencia.
- Establecer relaciones con organismos internacionales de inteligencia.
- Emitir reglamentos internos para los funcionarios del sistema, los cuales se mantienen en reserva.
Los funcionarios del CIES pueden realizar operaciones bajo técnicas como cobertura (uso de identidades falsas) y mimetización (adaptación al entorno), sin necesidad de orden judicial.
Facultades ampliadas y posibles vulneraciones a derechos
Una de las disposiciones más polémicas es que, con la nueva Ley, los funcionarios de inteligencia pueden solicitar directamente a las operadoras telefónicas, o a cualquier ciudadano o entidad, información técnica e informática relacionada con personas investigadas. Esto incluye:
- Información histórica y en tiempo real de comunicaciones.
- Localización de dispositivos móviles.
- Datos de conexión digital y geolocalización.
Todo esto puede hacerse sin orden judicial previa, por lo que, ha despertado alarma entre defensores de derechos civiles.
Límites y prohibiciones establecidas
Pese a sus amplias facultades, la Ley de Inteligencia establece ciertas restricciones:
- Prohíbe la recolección de información basada en etnia, religión, orientación sexual, ideología o pertenencia política o social.
- Impide el uso de menores de edad en operaciones de inteligencia.
- Establece sanciones para funcionarios públicos no autorizados que realicen tareas de inteligencia o contrainteligencia.
Los siete subsistemas que integran la inteligencia ecuatoriana
El Sistema Nacional de Inteligencia se compone de siete subsistemas especializados, cada uno con un ámbito de acción específico:
- Fuerzas Armadas
- Policía Nacional
- Casa Militar Presidencial
- Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)
- Servicio de Rentas Internas (SRI)
- Servicio Nacional de Aduana (Senae)
- Sistema Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI)
Solo los tres primeros tienen autorización legal para ejecutar contrainteligencia.Por lo que, el resto cumple funciones analíticas dentro de sus áreas de competencia.
Tipos y niveles de operación
Las operaciones dentro del sistema se clasifican en varios niveles:
- Político-estratégico: decisiones globales a nivel nacional.
- Estratégico: competencia de los ministerios.
- Operacional y táctico: misiones específicas de corto y mediano alcance.
- Prospectivo: anticipación de amenazas futuras.
Las operaciones más delicadas requieren aprobación presidencial y directriz formal.
Clasificación y acceso a la información
La información del Sistema Nacional de Inteligencia se divide en:
- Reservada: se libera automáticamente después de cinco años.
- Secreta y Secretísima: se liberan luego de 15 años, salvo que sean reclasificadas.
Además, se mantiene la figura de “gastos especiales”, que son auditados únicamente por la Contraloría, y cuya documentación será incinerada una vez usados los fondos, dejando únicamente las actas respectivas.
Entre la seguridad nacional y las libertades individuales
Aunque la nueva Ley de Inteligencia busca consolidar el aparato estatal contra amenazas del crimen organizado y la inseguridad, expertos alertan que las amplias facultades sin control judicial podrían poner en riesgo los derechos fundamentales. Por lo que,la implementación efectiva del sistema requerirá altos niveles de transparencia, control institucional y equilibrio entre seguridad y derechos humanos.
Fuente:
Primicias
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