Once uniformados buscan revocar su prisión preventiva antes de la audiencia preparatoria de juicio
Un grupo de militares del caso Malvinas, procesados por desaparición forzada y asesinato de menores en Guayaquil, solicitó un recurso de hábeas corpus este 16 de junio de 2025. Los uniformados buscan revocar la medida de prisión preventiva impuesta en diciembre pasado. En total, son 11 de los 16 imputados quienes pretenden recuperar su libertad.
El pedido fue presentado ante la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, donde se realizará la audiencia este martes 17 de junio a las 14:30. Los detenidos permanecen recluidos en el Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro, en Latacunga.
Argumentos legales y la Ley de Solidaridad
Los militares del caso Malvinas invocan la recién aprobada Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. Esta norma, publicada en el Registro Oficial el 10 de junio, impide la aplicación de prisión preventiva a miembros activos de las Fuerzas Armadas cuando los hechos investigados se relacionan con su deber legal en un contexto de conflicto armado.
Asimismo, la defensa de los uniformados alega que la aplicación de la prisión preventiva es ahora ilegal. Según ellos, la causa sobreviniente hace que esta medida sea arbitraria. Se basan en el principio de favorabilidad procesal, con efectos supuestamente inmediatos.
Rechazo de abogados de víctimas
Los representantes legales de las víctimas consideran que la solicitud es improcedente. Para Abraham Aguirre, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), se trata de un intento por evadir la justicia. Su colega, Fernando Bastías, calificó el pedido como «impertinente».
Ambos abogados participarán en la audiencia. Los cuatro menores —Josué Arroyo, Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina— fueron detenidos ilegalmente el 8 de diciembre de 2024. Posteriormente, desaparecieron y luego se confirmó su asesinato.
Audiencia de juicio y contexto del caso
La audiencia preparatoria de juicio contra los militares del caso Malvinas está prevista para el próximo 10 de julio. También se procesa a un coronel, considerado presunto cómplice. Cuatro de los uniformados se acogieron a la colaboración eficaz. Estos revelaron detalles sobre tratos crueles y degradantes previos a la muerte de los menores.
La Ley de Solidaridad Nacional, que permite el indulto presidencial tras sentencia, ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos. Alegan que podría utilizarse para encubrir graves violaciones. La conmoción social por la edad de las víctimas sigue latente.
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