Ante la persistente crisis eléctrica que afecta a Ecuador desde finales de 2023, el Gobierno ha intensificado la búsqueda de soluciones sostenibles y de largo plazo. En este contexto, la ministra de Energía, Inés Manzano, anunció el inicio de negociaciones con un grupo empresarial español. El objetivo es la instalación de 600 megavatios (MW) de potencia en energía solar fotovoltaica.
Este nuevo impulso responde a la necesidad urgente de diversificar la matriz energética nacional. Dicha matriz ha demostrado ser vulnerable frente a variaciones climáticas como la sequía. Este fenómeno ha reducido de manera significativa la capacidad operativa de las centrales hidroeléctricas.
Una matriz energética todavía dependiente del agua
Actualmente, la matriz energética de Ecuador depende en un 81% de la generación hidroeléctrica. Sin embargo, durante las épocas secas, esta participación puede caer hasta un 40%, obligando a cortes de energía y racionamientos. La falta de lluvias en 2023 y 2024 agravó esta realidad, revelando una dependencia insostenible del recurso hídrico.
Frente a este panorama, la energía solar aparece como una de las opciones más prometedoras. A pesar de contar con 24 centrales solares en operación, el aporte de estas es muy reducido. Solo el 1% de la generación nacional proviene de estas centrales, con apenas 29 megavatios instalados hasta 2023. Esto representa un ínfimo 0,3% del total de capacidad instalada.
Mazar Flotante y otras alternativas renovables
Además de la negociación con la empresa española, el presidente Daniel Noboa ha promovido el proyecto Mazar Flotante. Se trata de una innovadora iniciativa que busca aprovechar el embalse del complejo hidroeléctrico Mazar para instalar paneles solares flotantes. Este proyecto podría generar hasta 100 megavatios. Tiene un doble propósito: producir energía y mantener estable el nivel de agua del embalse. Esto es esencial para la operación del Complejo Hidroeléctrico Paute.
Según Noboa, el proyecto se encuentra en su fase final de estudios y ya ha despertado el interés de inversionistas privados.
Proyectos detenidos: El Aromo y Conolophus
No obstante, el desarrollo de proyectos solares de gran escala no ha estado exento de dificultades. El proyecto El Aromo, adjudicado en 2020 a la empresa española Solarpack con una inversión prevista de USD 145 millones, aún no se ejecuta. Este parque solar de 200 MW iba a construirse en los terrenos de la antigua Refinería del Pacífico en Manabí.
De igual manera, Conolophus, en Galápagos, con una capacidad de 14,8 MW y una inversión estimada de USD 63 millones, sigue paralizado. Ambos proyectos enfrentan trabas relacionadas con la definición del mecanismo de pago a las generadoras privadas. Esta cuestión ha generado oposición por parte de sindicatos de empresas distribuidoras de electricidad.
El BID y los avances en garantías de pago
Para superar este obstáculo, en octubre de 2024 el Gobierno anunció que había logrado una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta garantía permitiría asegurar el pago a las generadoras privadas mediante fideicomisos. Sin embargo, pese a esta garantía, los proyectos aún no han arrancado. Esta situación refleja una preocupante lentitud en la implementación de las soluciones.
Un país con potencial solar desaprovechado
Ecuador cuenta con condiciones geográficas privilegiadas para el desarrollo de energía solar. En enero de 2024, con el apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) elaboró un mapa solar nacional. Este mapa identifica las zonas con mayor potencial de irradiación. Este insumo podría ser clave para futuras inversiones, especialmente si se logra resolver el marco jurídico y financiero que ha frenado anteriores iniciativas.
Un cambio necesario para la seguridad energética
El proceso de negociación con la empresa española para instalar 600 megavatios adicionales podría representar un punto de inflexión en la política energética del país. Con una correcta planificación y ejecución, Ecuador puede avanzar hacia una matriz más equilibrada, segura y menos dependiente del clima.
El desafío ahora es garantizar que los proyectos anunciados se concreten. Además, que las condiciones contractuales sean viables y que se genere la confianza necesaria para atraer más inversión privada al sector energético renovable.
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