UNICEF expresó su profunda preocupación ante la negativa de la Asamblea Nacional del Ecuador de aprobar el nuevo Código Orgánico de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (COPINNA). Este era un proyecto trabajado durante varios años con participación de múltiples sectores. El organismo internacional lamentó que el país haya desperdiciado una ocasión para actualizar su legislación y saldar una deuda histórica. Esta deuda afecta a más de seis millones de niños, niñas y adolescentes.
En un comunicado emitido en redes sociales, UNICEF afirmó que Ecuador “perdió la oportunidad de saldar la deuda con la niñez y la adolescencia”. Además, reiteró su llamado urgente a las autoridades para que el país cuente con un marco legal moderno. Este marco debe estar alineado con los estándares internacionales de protección de derechos.
Un proceso legislativo prolongado y participativo
El nuevo COPINNA fue presentado al pleno legislativo el 22 de noviembre de 2024. Fue elaborado por la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes. El documento fue producto de múltiples sesiones, consultas públicas y la incorporación de fallos obligatorios. Estos fallos provenían de la Corte Constitucional del Ecuador.
El informe para el segundo debate fue aprobado en comisión con siete votos a favor y dos abstenciones. La propuesta contemplaba reformas de fondo para actualizar un sistema legal vigente desde 2003. Este sistema es obsoleto frente a los desafíos actuales de la infancia y adolescencia en el país.
Reformas clave en el nuevo código
Entre las reformas más significativas del proyecto se incluía la implementación de criterios de igualdad en los procesos de tenencia de menores. Esto estaba en cumplimiento de la sentencia No. 28-15-IN/21 de la Corte Constitucional. También se incluían regulaciones claras sobre la responsabilidad penal adolescente. Además, abarcaba la protección frente a violencias digitales y la prevención del reclutamiento forzado de menores por grupos criminales.
El COPINNA proponía la creación de un sistema nacional descentralizado de protección. Este incluiría subsistemas articulados en salud, educación, justicia y protección social. Esta propuesta representaba un salto cualitativo en la respuesta institucional frente a situaciones de vulnerabilidad infantil.
División política bloqueó su aprobación
A pesar del respaldo técnico y constitucional del proyecto, el pleno de la Asamblea bloqueó su aprobación. Esto se debió a divisiones políticas internas y objeciones aisladas a algunos artículos. Un informe de minoría existía por parte de los legisladores Jorge Peñafiel y Ana Galarza. Sin embargo, las críticas no cuestionaban la base del proyecto ni su orientación hacia la protección de derechos. Solo se quejaban de aspectos puntuales del articulado.
Paradójicamente, gran parte del contenido del COPINNA respondía a mandatos expresos de la Corte Constitucional. Esta había urgido al Legislativo a llenar vacíos legales. Estas deficiencias perpetuaban la desigualdad y la inseguridad jurídica en perjuicio de la niñez.
Una legislación rezagada frente a una realidad cambiante
El actual Código de la Niñez y Adolescencia, vigente desde 2003, no contempla temas urgentes. Entre estos temas están las nuevas dinámicas familiares y el uso problemático de drogas entre adolescentes. Tampoco aborda los riesgos vinculados al entorno digital. No incluye herramientas eficaces para prevenir el reclutamiento de menores. Este reclutamiento por bandas delictivas es una realidad creciente en zonas de alta conflictividad.
El nuevo COPINNA buscaba cerrar esas brechas mediante un enfoque integral de derechos y corresponsabilidad institucional. Su rechazo, según UNICEF, pone en evidencia la desconexión entre las necesidades urgentes del país y la voluntad política de sus autoridades.
Llamado a retomar el debate
UNICEF exhortó a las autoridades ecuatorianas a retomar el debate. Deben aprobar una ley moderna y garantista con el interés superior del niño al centro. La organización reiteró que la protección de la niñez no puede depender de cálculos políticos o coyunturales. Esto debe ser una prioridad nacional ineludible.
La falta de un marco legal adecuado no solo perpetúa situaciones de vulnerabilidad. También impide a Ecuador cumplir con sus compromisos internacionales. Estos son en materia de derechos humanos y desarrollo sostenible.
Fuente:
Infobae
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