Contexto del veto total ley
Desde el Vaticano, el presidente Daniel Noboa firmó el veto total ley al proyecto que asignaba USD 1 por barril de petróleo a Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos. La Asamblea Nacional había aprobado esta iniciativa en solidaridad tras un grave derrame petrolero, pero el Ejecutivo alegó serios problemas de sostenibilidad fiscal.
Según el análisis enviado a la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, la ley confundía los conceptos de industrialización y renta, omitiendo además estudios técnicos indispensables. Este veto total es el número 17 emitido por el actual Gobierno sobre proyectos legislativos.
Impacto económico del veto total
El veto total ley se fundamenta principalmente en que la iniciativa implicaba un gasto adicional de USD 53 millones anuales para el Presupuesto General del Estado. Esta cifra, advirtió Noboa, debilitaría la capacidad fiscal, obligando a recortar inversiones o a incrementar el endeudamiento estatal.
Además, la Presidencia subrayó que solo el Ejecutivo tiene competencia para presentar leyes que modifiquen gastos públicos, siguiendo principios claros de la Corte Constitucional.
Respuesta política ante el veto total ley
Mientras Noboa firmaba el veto total, la Asamblea Nacional exhortaba a no rechazar la normativa, más aún considerando el reciente sismo de 6,1 grados que afectó a Esmeraldas. Sin embargo, el Ejecutivo reafirmó que el objetivo no es frenar el desarrollo provincial, sino garantizar procesos legislativos técnicamente sólidos.
El veto total también envía un fuerte mensaje: toda propuesta debe cumplir con los parámetros de sostenibilidad fiscal y el respeto al marco constitucional vigente.
Tras el veto total ley
Finalmente, el veto total resalta la necesidad de un debate legislativo más técnico y menos populista. La Presidencia de Ecuador llama a un trabajo responsable que beneficie realmente a las provincias, sin comprometer el equilibrio económico nacional.
El destino de Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos dependerá ahora de iniciativas que respeten la normativa vigente y que promuevan el desarrollo sostenible, sin afectar gravemente el presupuesto estatal.
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