El presidente Daniel Noboa ha decidido extender por 30 días más el estado de excepción que afecta a siete provincias y dos cantones de Ecuador. Esta medida se adopta en respuesta a los altos índices de criminalidad que afectan al país, con el objetivo de garantizar la seguridad pública y el orden social en las zonas más vulnerables.
Ámbito y alcance de la extensión
El decreto 552, emitido el lunes 3 de marzo de 2025, abarca las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, y Sucumbíos. Además, se extiende al distrito metropolitano de Quito, en la provincia de Pichincha, y al cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay. Este estado de excepción se mantiene bajo las mismas condiciones estipuladas en el decreto anterior, fechado el 2 de enero de 2025. Es importante destacar que el nuevo decreto respeta los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional del Ecuador, en su dictamen del 21 de febrero de 2025.
Garantía de derechos y restricciones
A pesar de la extensión del estado de excepción, el nuevo decreto mantiene el respeto por los derechos fundamentales de los ciudadanos. En primer lugar, no se suspende el derecho a la inviolabilidad del domicilio, una medida que había sido incluida en el decreto anterior. Esto significa que, a diferencia del decreto previo, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no podrán realizar allanamientos ni inspecciones sin una justificación adecuada.
Tampoco se suspende el derecho a la libertad de tránsito, aunque se mantiene la restricción en los horarios nocturnos de circulación, de 22:00 a 05:00. Esta medida busca reducir la delincuencia en las horas de mayor vulnerabilidad.
Objetivos del estado de excepción
El propósito primordial de este estado de excepción renovado es el fortalecimiento del orden público y la preservación de la paz social. Tal como lo señala el decreto, se busca asegurar una convivencia pacífica entre los ciudadanos y garantizar la estabilidad en el país. En este contexto, se reafirma la responsabilidad de los servidores públicos, según el artículo 166 de la Constitución, quienes deberán rendir cuentas por cualquier abuso durante la vigencia del estado de excepción.
Coordinación institucional para la ejecución del decreto
El cumplimiento del decreto será responsabilidad de diversas instituciones del Estado. Los ministerios de Defensa y del Interior, en coordinación con el Centro de Inteligencia Estratégica, serán los encargados de la implementación de las medidas. Esta colaboración interinstitucional será fundamental para enfrentar de manera efectiva los retos derivados de la criminalidad y las amenazas a la seguridad pública en las provincias afectadas.
La renovación del estado de excepción, por parte del presidente Daniel Noboa, muestra su firme compromiso con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía ecuatoriana. Esta medida se extenderá hasta principios de abril de 2025. Su objetivo principal es mitigar los efectos de la criminalidad, sin vulnerar los derechos fundamentales de las personas. Además, establece mecanismos claros para su implementación, en colaboración con diversas entidades estatales.
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