El Comité de Derechos Humanos de la ONU manifestó una seria preocupación por la corrupción en la Función Judicial de Ecuador, alertando sobre los riesgos que esta representa para la justicia y el Estado de derecho. En su informe, el Comité resaltó los datos alarmantes que exponen cómo el sistema judicial ecuatoriano ha sido blanco de sobornos por parte de «estructuras criminales». Estas redes delictivas habrían influido en decisiones judiciales a favor de sus miembros y familiares, afectando así la imparcialidad en la justicia y debilitando el sistema judicial ecuatoriano en su conjunto.
Amenazas y falta de protección a jueces y fiscales
La corrupción en la Función Judicial de Ecuador también ha desencadenado una escalada de amenazas y agresiones contra jueces y fiscales. El Comité de la ONU lamentó las «escasas medidas» adoptadas para proteger a estos funcionarios judiciales, quienes se ven expuestos a asesinatos, agresiones y otros tipos de intimidación. Este entorno de inseguridad fragiliza aún más el sistema de justicia ecuatoriano, limitando su eficacia y generando un ambiente de temor e impunidad en el cual la corrupción sigue proliferando sin control.
Críticas a los estados de excepción y la militarización del sistema carcelario
Además de la corrupción en la Función Judicial de Ecuador, el Comité criticó la militarización de la administración penitenciaria y la persistente renovación de los estados de excepción en el país. Señaló que el uso recurrente de estos mecanismos debería estar reservado únicamente para situaciones extraordinarias, no para enfrentar problemas de carácter estructural. El prolongado estado de excepción ha limitado derechos fundamentales como la libertad de circulación y asociación, afectando sobre todo a poblaciones vulnerables, incluyendo a indígenas, migrantes y personas en situación de pobreza.
Derechos de mujeres y personas LGBTI: Desafíos y avances
En el contexto de la corrupción en la Función Judicial de Ecuador, el Comité de la ONU también destacó los desafíos pendientes en la protección de derechos de mujeres y personas LGBTI. Aunque reconoció avances, como la aprobación de una ley que permite el aborto en casos de violación, lamentó que la interrupción del embarazo siga penalizada en otras situaciones, limitando así los derechos reproductivos de las mujeres. Respecto a la comunidad LGBTI, denunció la persistencia de discriminación, violencia y estigmatización, incluyendo la alarmante práctica de terapias de conversión en centros clandestinos.
Recomendaciones de la ONU y futuras acciones
En respuesta a la corrupción en la Función Judicial de Ecuador y sus efectos sobre el sistema de justicia, el Comité de la ONU instó a una intervención estatal firme y a una reforma estructural. Carlos Gómez Martínez, miembro del Comité, enfatizó la importancia de «luchar desde dentro» del sistema judicial, promoviendo una cultura de integridad y ética que permita combatir efectivamente la corrupción en la Función Judicial de Ecuador.
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