Después de dos negativas de la Corte Constitucional, el presidente Daniel Noboa ha emitido un tercer decreto para ordenar el estado de excepción en Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay. Este decreto, publicado el 2 de julio de 2024, tendrá una duración de 60 días y busca mantener a los militares en las calles de las provincias y cantones más violentos del país.
El presidente Noboa justifica esta medida argumentando un incremento en la inseguridad, citando hostilidades, delitos y la presencia prolongada de grupos armados organizados en las zonas mencionadas. En respuesta, el decreto suspende varios derechos, como la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, permitiendo inspecciones, allanamientos y requisas por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Además, restringe el derecho de libre asociación y reunión, justificando estas restricciones en los motivos del estado de excepción.
Sin embargo, la Corte Constitucional ha rechazado previamente medidas similares debido a la falta de argumentos válidos. Los magistrados han señalado que los decretos anteriores no configuraban específicamente la causal de conflicto armado interno ni la justificaban adecuadamente. En esta ocasión, el nuevo decreto dedica las primeras 45 páginas de su documento de 49 páginas a la exposición de motivos, intentando reforzar la justificación para la medida.
El gobierno de Noboa ha lanzado una campaña publicitaria en apoyo al estado de excepción, contando con el aval de la Asociación Mundial de Juristas (WJA, por sus siglas en inglés). En un video difundido en redes sociales, miembros de esta Asociación, como José Estévez, han expresado su apoyo, argumentando que las razones que llevaron a la primera declaratoria del estado de excepción aún persisten en el país.
A pesar de la entrada en vigor inmediata del decreto, su permanencia dependerá del análisis de la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse en los próximos días. La decisión de la Corte será crucial para determinar si este tercer intento del presidente Noboa será finalmente aceptado, lo que refleja la tensión continua entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional en torno a las medidas de seguridad y la protección de los derechos civiles.
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