En Ecuador, la situación laboral para personas mayores de 50 años ha sido el foco de atención debido a un polémico acuerdo ministerial promulgado por el gobierno de Guillermo Lasso. Este acuerdo, que buscaba ofrecer nuevas oportunidades de empleo para este grupo demográfico, fue suspendido por el gobierno actual de Daniel Noboa.
La propuesta, delineada en el Acuerdo Ministerial No. MDT-2023-156, planteaba contratos especiales para trabajadores con expectativa próxima de jubilación del sector privado. Sin embargo, esta iniciativa, que podría haber sido una herramienta para estimular la generación de empleo, generó controversias y fue retirada por el gobierno entrante.
El acuerdo permitía a personas de 50 a 60 años, con al menos 20 años de aportaciones al IESS, acceder a estos contratos. También contemplaba a aquellos de 60 a 64 años con 15 años de aportaciones y a los mayores de 65 años sin restricciones en los años de contribución al IESS.
Aunque el acuerdo tenía como objetivo proporcionar empleo y flexibilidad a los trabajadores cercanos a la jubilación, su suspensión ha generado debates sobre la estabilidad laboral y la preocupación de las empresas por los pasivos laborales asociados con la jubilación patronal.
José Endara, analista laboral, destaca que la propuesta no ofrecía una solución total a los desafíos que enfrentan los empleadores al cumplirse los 20 años de servicio de un trabajador, pero representaba un intento de flexibilización laboral. El acuerdo permitía jornadas parciales u ordinarias, con un máximo de 40 horas semanales, y establecía un plazo de duración del contrato negociable.
A pesar de su suspensión, el debate sobre la necesidad de adaptar el mercado laboral para los mayores de 50 años continúa. La esperanza de vida en Ecuador ha aumentado, y la propuesta de Lasso intentaba abordar la brecha entre el deseo de trabajar y las restricciones del mercado laboral actual.
El reto persiste: encontrar un equilibrio que permita a las personas mayores de 50 años contribuir productivamente sin comprometer la estabilidad laboral y financiera de las empresas. La polémica en torno a este acuerdo destaca la urgencia de abordar estas preocupaciones de manera integral para garantizar un enfoque equitativo y sostenible en el ámbito laboral.
