El miedo, pánico y un profundo sentimiento de inseguridad por la violencia se ha apoderado de los ecuatorianos, que en 2022 vivieron el año más sangriento en la historia del país, con 4.603 homicidios intencionales, lo que significó un promedio diario de 10,4 casos y una tasa de 25,9 por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales. Este año se vislumbra aún peor.
La inseguridad y la violencia están en el centro del debate político y de la sociedad en general, que el próximo domingo acude a las urnas para elegir a su nuevo presidente; y hay consecuencias, además, en el orden económico, puesto que ha impedido la realización de ciertas actividades.
“Desde pequeños comerciantes hasta grandes empresarios, todos, o en gran medida muchos de ellos, terminan afectados directa o indirectamente por el estado de inseguridad; directamente, por ejemplo, cuando son víctimas de extorsiones; indirectamente, porque ya no tienen clientela, porque los negocios tienen que cerrar, porque se ve afectada la cadena de suministros”, dijo, en entrevista con RT, el abogado y académico ecuatoriano Jorge Vicente Paladines, autor del libro ‘Matar y dejar matar. Las masacres carcelarias y la (des)estructuración social del Ecuador’.
El texto parte de una teoría criminológica que no comulga con la idea de que “la cárcel es una reproducción de la sociedad”. Contrario a ello, Paladines señala que “lo que ocurre en las calles es una reproducción de la violencia carcelaria”.
Y es que Ecuador primero se inundó con noticias de masacres carcelarias, que tuvo su punto más alto en 2021 —y aún siguen—, con un nivel de extrema violencia que incluyó descuartizamientos, degollamientos, desmembramientos, decapitaciones, incineración de cuerpos; y luego, se desbordó una serie de crímenes en las calles, que han incluido robos, extorsiones (vacunas), asesinatos, explosión de carros bomba, entre muchos otros delitos, en diversas ciudades del país.
Según una demanda de acción de protección presentada por el Comité por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de la Libertad (RIMUF) y el conformado Comité de Familiares por Justicia en las Cárceles, se contabilizaron 15 asesinatos en las prisiones en 2018, 30 en 2019, 51 en 2020, 348 en 2021 y 147 en 2022. Sin contar los del 2023, suman 591homicidios en los centros penitenciaros del país, bajo la custodia del Estado en cinco años.
“Si se hubiese contenido esa violencia, quizás no hubiese sido trasladada a extramuros”, enfatizó Paladines, recordando que las propias autoridades han reconocido, desde que se dieron las primeras masacres, que las prisiones están tomadas por los delincuentes.
Entonces, el académico considera que las cárceles tienen un poder no solo criminológico, sino también político, económico y social de “reconfigurar el orden”.
Dos moléculas
¿Pero cómo se explica la actual situación de crisis de inseguridad y violencia por la que atraviesa Ecuador en cárceles y calles? Paladines lo hace justamente con el título de su libro ‘Matar y dejar matar’ que, dice, integra dos “moléculas”.
La primera, vinculada con la función de “matar”, tiene que ver con el narcotráfico y la reconfiguración de este, en el lado en que se circunscriben las organizaciones criminales; mientras que la segunda, relacionada con el “dejar matar”, es la política neoliberal, que en el país ha tomado un nuevo auge con los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, desde 2017 en adelante.
‘Matar’
Al hacer referencia al narcotráfico, aclara que no es solo una cuestión ecuatoriana, sino que “tiene que ver también con la reconfiguración del orden criminal a nivel internacional”. En lo que atañe a Ecuador, enumera varios factores que hacen al país atractivo para el tráfico de estupefacientes, principalmente cocaína: su posición geográfica, sus puertos y conexiones internas, y el dólar como moneda.
“Ecuador es un caramelo, por su cercanía con Colombia, que es el país que tiene la mayor cantidad de cultivos” de coca, dice el abogado.
En el mismo sentido, explica: “Colombia es un país de producción, el país de tráfico es Ecuador, el país que lleva la mayor cantidad de incautaciones detectadas por la policía en Europa, en los puertos de Italia, de Alemania, de Holanda, de España es Ecuador”, desde donde llega la cocaína “encubierta, por ejemplo, a través de exportaciones de banano”.
Segundo, Ecuador tiene mejores puertos —siete de alto calado, para ser específicos— en el Pacífico y una mayor conectividad vial hacia ellos que Colombia. Y tercero, el uso del dólar como moneda en el país también es aprovechado por las organizaciones criminales, porque es usado como medio que facilita la comunicación entre estas, la simplifica.
“En el Ecuador lo que existe es una microcriminalidad, que es mucho más compleja en términos de inteligencia estatal, pero que criminológicamente es no solo más difusa, sino más letal”
Sumado a estos tres factores, dice Paladines, Ecuador se ha convertido en un proveedor de servicios en el tráfico internacional de cocaína a los carteles mexicanos y colombianos; pero se llegó a una “saturación” del orden criminal en el país, provocando implosiones en las organizaciones internas, como en la conocida y antigua banda ‘Los Choneros’, y generando una “microcriminalidad”.
“En el Ecuador lo que existe es una microcriminalidad, que es mucho más compleja en términos de inteligencia estatal, pero que criminológicamente es no solo más difusa, sino más letal, porque el grado de fungibilidad es enorme; entonces desaparece uno y se crea otro”, dice Paladines, explicando con ello las atrocidades cometidas por riñas entre los miembros de las bandas locales.
Asimismo, el especialista apunta que esa microcriminalidad es uno de los elementos fundamentales en las cárceles, con las organizaciones criminales gobernando pabellones enteros, en los que ocurren las masacres.
‘Dejar matar’
La segunda molécula, que Paladines la define como “la deliberada y planificada política económica neoliberal”, dice el autor que “hace que sea más explosivo el escenario de violencia” en el país.
El académico considera que es una política “plenamente deliberada”, porque se trata de una decisión de desinvertir en educación, salud, cortar contratos laborales a servidores públicos e, incluso, recortar el presupuesto para las cárceles. Un achicamiento del Estado.
“Entonces, el caldo de cultivo, el ejército del reclutamiento de las organizaciones criminales son jóvenes pobres. Son jóvenes a quienes el Estado, a partir fundamentalmente de las políticas de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso les quitó futuro […] En términos económicos es quitarle la estructura social y oportunidades. Los dejó sin posibilidad de ingresar a la universidad, los dejó sin planes laborales, los precarizó”, subrayó.
“Las cárceles necesitan tener parámetros de seguridad, sí; pero el núcleo fundamental de la administración carcelaria no es la seguridad, es el trabajo social y eso se hace con un Estado social”
Añadió que estos jóvenes están a merced de las bandas delincuenciales en territorios de donde el Estado se retiró “socialmente” y son quienes “forman parte del ejército de gatilleros”, quienes “salen a disparar y a matar”. A ello se suma que también servidores públicos quedan a voluntad, posiblemente bajo extorsión, de esas organizaciones criminales.
Además, Paladines recordó que Moreno “policializó” las prisiones, colocó perfiles policiales para la administración carcelaria y redujo en un 70 % el presupuesto de inversión en estos centros. “Las cárceles necesitan tener parámetros de seguridad, sí; pero el núcleo fundamental de la administración carcelaria no es la seguridad, es el trabajo social y eso se hace con un Estado social”, mencionó, al tiempo que detalló que en las prisiones de Ecuador hay un agente de seguridad penitenciaria por cada 25 privados de la libertad, pero un trabajador social por cada 650.
“Entonces, estas dos moléculas, narcotráfico y neoliberalismo juntas son la masacre (penitenciaria). Y lo que ocurre en Ecuador es una reproducción de la violencia carcelaria”, reitera.
Migración
Ecuador, además, atraviesa actualmente por una ola migratoria hacia EE.UU., donde muchos de los connacionales se arriesgan a atravesar por el ‘tapón’ del Darién, la peligrosa ruta que une a Colombia con Panamá.
De acuerdo estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés), en el año fiscal 2021 —que inició en octubre de 2020— al menos 96.150 ecuatorianos fueron detenidos cuando trataban de ingresar a ese país por la frontera con territorio mexicano; en 2022, la cifra bajó a 24.060, coincidiendo con que México comenzó a pedirles visas de ingreso; sin embargo, en el año fiscal 2023, el número volvió a aumentar, llegando a 100.682 hasta agosto pasado.
Paladines señala que lo que estimula mucho más la ola migratoria actual “no son solo las condiciones de extrema pobreza que está padeciendo la ciudadanía y la juventud, es la violencia”. Y es la primera vez que se cuenta entre las causas de la salida.
Escenarios para salir de la violencia
El académico dice que para salir de la violencia en Ecuador se presentan tres escenarios, dos de ellos, aunque posibles en lo político, son ilícitos y, por tanto, no los comparte.
“La única forma de reducir la tasa de homicidios y la alta criminalidad es reducir el reclutamiento”
Estos dos primeros, ilícitos, son “pactar con las mafias” o “narcoestado”, y “cacería de brujas” o “terrorismo de Estado”. Mientras que la tercera es “quitarle la base social al narcotráfico” o “Estado Social”.
“La única forma de reducir la tasa de homicidios y la alta criminalidad es reducir el reclutamiento […] Partir de mejores u otras políticas públicas para reducir con efectividad la violencia criminal en el Ecuador”, manifestó.
Fuente: La nación
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