Han pasado dos años desde la histórica consulta popular del 2023. En esta, el 58,95 % de ecuatorianos decidió mantener bajo tierra el crudo del Bloque 43-ITT en el Yasuní. Sin embargo, la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), que agrupa a 87 comunidades, denunció que el mandato ciudadano no se ha cumplido. Además, el Estado ha retrasado el cronograma de cierre.
La Corte Constitucional había fijado como plazo máximo el 31 de agosto de 2024 para detener la explotación y desmantelar la infraestructura petrolera. No obstante, hasta la fecha, solo se han cerrado 10 de los 247 pozos. Según los planes oficiales, la salida total del bloque se extendería hasta 2029. Además, podría prolongarse hasta 2034, lo que contradice tanto la voluntad popular como lo establecido por la Constitución.
Mandatos incumplidos y nuevas exigencias
La NAWE recordó que en 2024 presentó el Plan de Acción por el Yasuní y el Mandato Waorani, construidos durante la Cumbre Internacional por el Yasuní. Estas propuestas buscaban garantizar la protección del territorio, así como la defensa de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).
Sin embargo, ante la falta de avances y el incumplimiento del cronograma, este 20 de agosto de 2025 la organización presentó un segundo Mandato Waorani ante la Corte Constitucional. Entre sus exigencias destacan:
- Un plan de retiro y desmantelamiento con participación directa de las comunidades indígenas.
- Reparación integral para el Yasuní y medidas específicas de protección a los PIACI.
- Convocatoria a una audiencia pública en territorio.
- Información detallada y transparente sobre el avance del cronograma de cierre.
- Mecanismos de seguimiento hasta que se cumpla el mandato popular en su totalidad.
Llamados internacionales de atención
El incumplimiento de la consulta popular no solo ha generado indignación en las comunidades, sino también a nivel internacional. El 13 de marzo de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado ecuatoriano responsable de vulnerar los derechos de los PIACI.
Asimismo, el Relator Especial de la ONU ya había advertido a inicios de este año que el retraso en el cierre de los pozos violenta los derechos de los pueblos en aislamiento. Además, genera un grave impacto ambiental en el Yasuní. Ambas instancias internacionales han reiterado la urgencia de garantizar el derecho al no contacto de los pueblos Tagaeri y Taromenane, así como de reparar los daños ocasionados.
Voces indígenas y de la sociedad civil
Para los líderes indígenas, el cumplimiento de la consulta no es un tema negociable. Juan Bay, presidente de la NAWE, enfatizó que el Estado debe escuchar a las comunidades y respetar la decisión del pueblo ecuatoriano.
Marlón Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), advirtió que la lucha continuará. Esto, hasta que se garantice la vida y la autodeterminación de los pueblos en aislamiento.
Por su parte, Nemo Guiquita, también dirigente de la Conaie, recordó que la batalla por la defensa del Yasuní lleva más de una década. Durante este tiempo, no se han garantizado plenamente los territorios indígenas.
Desde la sociedad civil, colectivos como Ecos del Yasuní demandan que cualquier proceso de cierre incluya la participación activa de las comunidades. Esto, con el fin de asegurar transparencia y justicia ambiental.
Un conflicto que marca el futuro del país
El caso del Yasuní representa uno de los mayores retos para el Ecuador en la encrucijada entre economía, derechos humanos y medio ambiente. La presión de los pueblos indígenas, los organismos internacionales y la sociedad civil mantiene al Estado bajo observación constante.
A dos años de la consulta, la exigencia es clara: cumplir con la voluntad popular y detener la explotación petrolera en el Yasuní, uno de los ecosistemas más biodiversos y frágiles del planeta. El desenlace de este conflicto definirá no solo la política ambiental del país, sino también el respeto a los derechos colectivos y a la democracia.
Fuente: El Comercio
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