Xavier Zavala Egas sostiene que la falta de transparencia en la gestión de recursos públicos atenta directamente contra la Constitución y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip). A su criterio, cuando el Estado limita el acceso a información relevante, se generan condiciones propicias para prácticas irregulares. Además, posibilita posibles actos de corrupción.
El jurista recalca que los contratos financiados con fondos públicos deben ser conocidos por la ciudadanía. Esto se debe a que son recursos que pertenecen a todos los ecuatorianos y cuya administración debe estar sujeta a control social y político.
El contrato con HealthBird y las críticas al Gobierno
La polémica se intensificó tras el anuncio de una inversión de USD 37,7 millones para un sistema digital destinado a la red de salud del IESS. Este sistema sería desarrollado por CNT EP y HealthBird. Zavala Egas cuestiona la forma en que se dio a conocer este acuerdo. Señala que refleja un manejo informal y poco riguroso de decisiones que comprometen recursos estatales.
Desde su perspectiva, este tipo de actuaciones evidencian improvisación y una falta de rendición de cuentas por parte del Gobierno. Esto debilita la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
Confidencialidad por 15 años: una medida cuestionada
Uno de los puntos más sensibles del caso es la declaratoria de confidencialidad del contrato por un periodo de 15 años. Zavala Egas afirma que la figura de información reservada solo debe aplicarse en situaciones relacionadas con la seguridad nacional y no para ocultar acuerdos económicos entre el Estado y empresas privadas.
A su juicio, utilizar la reserva para impedir el acceso a contratos públicos constituye una distorsión de la ley. Es una barrera directa a la fiscalización. Esto favorece la impunidad y limita el control institucional.
El rol de la Asamblea Nacional en la desclasificación
Según la Lotaip, cuando una entidad clasifica información como reservada, debe remitir esa resolución tanto al Defensor del Pueblo como a la Asamblea Nacional. Zavala Egas subraya que el Legislativo tiene la facultad de desclasificar dicha información mediante una votación calificada.
Por ello, sostiene que la Asamblea “tiene la llave” para permitir que el contrato con HealthBird sea conocido públicamente. Sin embargo, critica que esta atribución no se haya ejercido, lo que, en su opinión, demuestra una falta de voluntad política para fiscalizar.
Defensor del Pueblo y Fiscalía: responsabilidades pendientes
El abogado también señala que el Defensor del Pueblo tiene un rol clave en la exigencia de transparencia y en la defensa del derecho ciudadano a acceder a información pública. Asimismo, considera que la Fiscalía debería iniciar investigaciones formales. Esto se debe a que existirían indicios que podrían configurar delitos como peculado u otras figuras penales relacionadas.
Para Zavala Egas, la inacción de estos organismos refuerza la percepción de impunidad y debilita el sistema de control del Estado.
Participación ciudadana y control social
La Lotaip reconoce el derecho de la ciudadanía y de las organizaciones sociales a ejercer vigilancia y veeduría sobre la gestión pública. En ese sentido, Zavala Egas enfatiza que la sociedad civil tiene la facultad de exigir información y presionar para que se cumpla la ley.
Este caso, afirma, evidencia la necesidad de fortalecer la cultura de transparencia. Además, se debe exigir responsabilidades a las autoridades cuando se manejan fondos públicos bajo criterios de opacidad.
Un debate que trasciende el contrato
Más allá del acuerdo específico con HealthBird, el jurista advierte que la opacidad en los procesos estatales se ha convertido en un problema estructural. La falta de acceso a la información, combinada con una débil fiscalización, genera un entorno propicio para la corrupción. Esto erosiona la credibilidad de las instituciones.
Por ello, insiste en que la transparencia no debe ser una excepción, sino una regla básica en toda gestión pública.
Fuente: EXPRESO
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