La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó a una protesta en contra de la actividad minera en la provincia. La consigna principal: “Fuera mineros, fuera”.
Demandas ciudadanas: Salud y vida en riesgo
Los manifestantes instaron a las autoridades locales, provinciales y nacionales a detener la expansión de la minería, que amenaza la salud y la vida de las comunidades. Se han documentado casos de contaminación del agua, daño a la biodiversidad y enfermedades respiratorias asociadas a la actividad minera en la región.
Impacto en Sígsig: Contaminación y descontento
El cantón Sígsig es uno de los más afectados por la minería, especialmente la ilegal, que ha dejado su huella en ríos como el Santa Bárbara, según informes locales. Los habitantes de esta zona han denunciado la degradación ambiental y los problemas de salud que enfrentan como resultado de la presencia minera en su territorio.
Resistencia contra el proyecto La Plata
Activistas ambientales y residentes en zonas afectadas se han enfrentado al proyecto La Plata, liderado por la empresa canadiense Atico Mining, en un intento por detener su avance. La resistencia se ha manifestado a través de marchas, bloqueos de carreteras y acciones legales para proteger sus tierras y recursos naturales.
Enfrentamientos violentos: Llamados a la desmilitarización
La confrontación con las fuerzas de seguridad ha dejado varios heridos en comunidades como Palo Quemado, en la provincia de Cotopaxi. Los líderes sociales piden la desmilitarización y una consulta ambiental libre y previa. Exigen que se respeten los derechos de las comunidades indígenas y se detenga la criminalización de la protesta social.
Denuncias de persecución: La voz de la Conaie
La Conaie ha denunciado repetidamente la persecución de las comunidades que se oponen a la minería. Se reporta que 72 comuneros han sido acusados de terrorismo en esta lucha. Esta represión ha generado preocupación en organizaciones de derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional, que exigen el cese de la persecución y el respeto a la libertad de expresión y manifestación.
Llamado a la solidaridad nacional e internacional
Ante la situación, se ha hecho un llamado a la solidaridad tanto a nivel nacional como internacional. Organizaciones y defensores de los derechos humanos se han unido a la causa, exigiendo el respeto a los territorios indígenas y la protección del medio ambiente. Se solicita el apoyo de la comunidad internacional para presionar al gobierno ecuatoriano y a las empresas mineras a respetar los derechos de las comunidades afectadas y detener la explotación indiscriminada de los recursos naturales.
El rol de las autoridades y la necesidad de diálogo
En medio de la creciente tensión, se destaca la importancia de un diálogo abierto y constructivo entre las autoridades gubernamentales, las empresas mineras y las comunidades afectadas. El respeto a los derechos de los pueblos indígenas y la búsqueda de soluciones que beneficien a todas las partes involucradas son aspectos clave para encontrar una salida pacífica y sostenible a este conflicto. Es fundamental que el gobierno ecuatoriano asuma su responsabilidad en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente, garantizando la participación significativa de las comunidades afectadas en cualquier proceso de toma de decisiones relacionado con la minería en el país.
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