En medio de un escenario político marcado por tensiones sociales y crecientes denuncias de violaciones a los derechos humanos, la vocera presidencial, Carolina Jaramillo, evitó pronunciarse de forma directa. Lo hizo sobre los señalamientos de presunto espionaje contra el líder indígena Leonidas Iza, presidente de la CONAIE.
Las acusaciones surgieron a raíz de filtraciones de supuestos chats de teléfonos móviles pertenecientes a policías que fueron secuestrados. En ellos, se habrían revelado operaciones de vigilancia sobre dirigentes sociales.
Argumentos de la vocera presidencial
Durante su espacio de vocería semanal, Jaramillo aseguró que el Gobierno no se referirá a rumores ni a información que carezca de respaldo judicial.
“No ha existido un procesamiento formal o judicial que pueda revestir esa información de veracidad. En ese sentido, no me voy a referir sobre un rumor”, enfatizó.
La vocera añadió que el Ejecutivo mantiene como prioridad el fortalecimiento de los protocolos de actuación de las fuerzas del orden. Además, recordó la reciente promulgación de la Ley de Inteligencia, la cual, según dijo, establece un marco legal para operaciones encubiertas. Esto, garantizando el respeto a los derechos humanos.
Informe internacional sobre torturas en Ecuador
El tema de derechos humanos volvió a ponerse sobre la mesa durante la conferencia. Esto ocurrió cuando la periodista Yalilé Lozada, de Infobae, preguntó a Jaramillo sobre el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, que recoge denuncias de torturas en cárceles ecuatorianas. Entre los abusos señalados se incluye el uso de electrochoques en medio del conflicto armado interno.
Jaramillo reiteró el compromiso del Gobierno con la defensa de los derechos humanos, pero se abstuvo de referirse a casos específicos. En su declaración, indicó que corresponde a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional detallar los protocolos y procedimientos aplicados en situaciones bajo observación internacional.
Denuncias de persecución política
La CONAIE ha denunciado en varias ocasiones que existe persecución política contra sus principales dirigentes. El silencio de la vocera presidencial sobre las acusaciones de espionaje contra Iza alimenta las tensiones entre el Gobierno y los movimientos sociales.
El caso cobra mayor relevancia en un contexto de escrutinio internacional sobre el manejo de la seguridad y los derechos humanos en Ecuador. Especialmente tras hechos graves como la detención ilegal, desaparición y muerte de adolescentes en el denominado caso Malvinas, que aún genera indignación pública.
El trasfondo de la “Operación Cuy”
Uno de los elementos que más controversia ha generado es la llamada “Operación Cuy”, mencionada en los presuntos chats filtrados. Esta operación habría incluido acciones de seguimiento sin orden judicial contra Iza y otros líderes sociales. Aunque la autenticidad de estos mensajes no ha sido comprobada legalmente, su difusión avivó el debate sobre los límites de la inteligencia estatal en Ecuador.
La postura evasiva del Ejecutivo frente a las denuncias de espionaje contra Leonidas Iza refleja una estrategia de contención política. Esta estrategia prioriza la defensa institucional antes que el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, el creciente escrutinio internacional y las exigencias de los movimientos sociales mantienen la presión sobre el Gobierno, que deberá demostrar con hechos que sus protocolos de inteligencia se desarrollan bajo un verdadero respeto a los derechos humanos.
Fuente: Expreso
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