La Violencia en Playas alcanzó en 2025 el nivel más alto registrado en la historia del cantón General Villamil Playas, en la provincia del Guayas. Ese año se contabilizaron 88 homicidios, cuando el promedio histórico apenas llegaba a tres casos anuales. Este incremento drástico ocurre en medio de disputas territoriales entre organizaciones criminales. Además, coincide con cuestionamientos sobre contratos municipales vinculados a personas investigadas por delitos graves.
El alcalde Gabriel Balladares rechazó de forma categórica las acusaciones que señalan que el balneario esté bajo control del cartel de Sinaloa. Sin embargo, la Violencia en Playas se desarrolla en un contexto donde grupos como Los Choneros y Los Lobos buscan dominar rutas cercanas al puerto de Posorja. Por lo tanto, la seguridad local se ha convertido en un asunto de interés nacional.
Contratos bajo la lupa en medio de la crisis
Mientras la Violencia en Playas se intensifica, también crece la controversia sobre adjudicaciones públicas. Balladares afirmó que su administración anuló un contrato menor con una empresa vinculada a alias “Boris”. No obstante, defendió otras contrataciones realizadas con la constructora Redieg S.A., señalando que esos procesos comenzaron antes de su gestión.
Además, el alcalde sostuvo que la calificación de proveedores corresponde al Sercop, no al gobierno local. En consecuencia, insistió en que la Contraloría revisó obras municipales recientemente. Aun así, evitó pronunciarse sobre contratos adjudicados por la empresa pública Hidroplayas EP, los cuales también generaron cuestionamientos.
Hidroplayas y empresas de seguridad
La Violencia en Playas coincide con revelaciones sobre contratos otorgados por Hidroplayas a compañías vinculadas con figuras delictivas. Entre esos casos aparece la empresa de seguridad Vigpromax. Su accionista mayoritario fue alias “Marino”, cabecilla de Los Lagartos, antes de vender sus acciones.
Posteriormente, la Policía allanó instalaciones relacionadas con esa empresa y decomisó armamento. Además, la Prefectura abrió un proceso administrativo por presuntas irregularidades ambientales en las lagunas de oxidación. Por lo tanto, la situación combina crisis institucional y emergencia de seguridad.
Masacres y hechos recientes
La Violencia en Playas también se refleja en ataques múltiples que conmocionaron al cantón. En julio de 2025, una masacre en un billar dejó nueve víctimas, incluidos funcionarios municipales. Ese hecho generó impacto nacional y debilitó la percepción de control institucional.
Asimismo, el 27 de enero de 2026, nueve miembros de una familia fueron atacados en el barrio La Cristalina. Cinco personas murieron y cuatro resultaron heridas, incluida una menor de edad. En consecuencia, el temor ciudadano aumenta y presiona a las autoridades a reforzar la presencia de fuerzas de seguridad.
Respuesta política del alcalde
Frente a la Violencia en Playas, Balladares negó vínculos con el crimen organizado y aseguró ser víctima de ataques políticos. Además, descartó buscar la reelección y afirmó que enfrenta campañas de desprestigio. Sin embargo, la Contraloría mantiene revisiones sobre contratos y obras.
Por lo tanto, la situación de Playas combina violencia criminal, fiscalización administrativa y tensión política. Este escenario complejo mantiene al cantón en el centro del debate nacional sobre seguridad y transparencia.
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