Ecuador obtuvo una importante victoria en el ámbito jurídico internacional al evitar el pago de USD 214 millones en disputas de inversión. Esto ocurrió tras un arbitraje iniciado por la empresa estadounidense Lynton Trading. La compañía argumentaba que la prohibición de casinos en el país, establecida después de la consulta popular de 2011, había afectado de forma negativa a sus inversiones.
La demanda fue presentada bajo el Tratado Bilateral de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos, un marco común en disputas de inversión. Lynton sostuvo que las medidas adoptadas por el Estado ecuatoriano constituían una expropiación indirecta y un trato injusto.
La defensa del Estado ecuatoriano
La Procuraduría General del Estado (PGE) encabezó la defensa y logró demostrar que Lynton no cumplía con los requisitos de protección establecidos en el tratado bilateral. Según la argumentación oficial, la compañía no tenía una actividad económica real en Estados Unidos. Esta era una condición indispensable para ser considerada una inversión protegida en el marco de dicho convenio.
Esta línea de defensa fue clave en la resolución de disputas de inversión. Permitió que el tribunal internacional evaluara la validez de los reclamos y determinara la falta de jurisdicción para continuar con el proceso.
Decisión de la Corte Permanente de Arbitraje
El tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje acogió los argumentos de Ecuador y desestimó el caso. La resolución implica que la inversión alegada por Lynton Trading no estaba cubierta por el tratado, una situación común en disputas de inversión. Esto provocó la terminación del proceso sin responsabilidad económica para el Estado.
Además de rechazar la demanda, el fallo estableció que la empresa debía asumir el 80 % de los costos del arbitraje. Esto representa un beneficio adicional de aproximadamente USD 1,4 millones a favor del Estado ecuatoriano.
Impacto de la decisión en el país
El resultado de este proceso representa un precedente favorable para Ecuador en materia de arbitrajes internacionales, especialmente en disputas de inversión vinculadas a regulaciones internas adoptadas por voluntad popular. La defensa exitosa refuerza la capacidad del país para enfrentar litigios de inversión y resguardar sus decisiones soberanas.
Asimismo, el caso cobra relevancia en el contexto actual. Esto sucede cuando se ha retomado el debate sobre el posible regreso de los casinos en Ecuador a través de una nueva consulta popular. El antecedente demuestra la complejidad jurídica de estos procesos y la importancia de la estrategia legal del Estado en foros internacionales
Fuente: Ecuavisa
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