El proceso contra Unidad Popular continúa tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de negar el pedido de corrección presentado por su dirigencia, ratificando así el avance del trámite que podría terminar con la cancelación de su personería jurídica.
Resolución del CNE sobre Unidad Popular se ratifica
Con tres votos a favor, el organismo electoral rechazó la solicitud impulsada por Geovanny Atarihuana, quien buscaba revertir la resolución inicial. El informe jurídico presentado concluyó que no existen errores en el proceso y que todo se ajusta a la normativa vigente.
Las autoridades sostienen que se respetaron los principios legales y el derecho a la defensa, cerrando la posibilidad de una revisión interna.
Cuestionamientos al proceso
Desde Unidad Popular se han planteado críticas sobre la legalidad de la sesión en la que se tomó la decisión. Su dirigencia asegura que aún no existe una cancelación definitiva y que el caso sigue en etapa probatoria.
Atarihuana insiste en que el movimiento presentará argumentos jurídicos y documentación para sostener su permanencia en el registro electoral.
Unidad Popular enfrenta proceso por falta de afiliados
El origen del conflicto radica en un informe técnico que determinó que Unidad Popular no cumple con el número mínimo de afiliados exigido por la ley. Según los datos, la organización cuenta con poco más de 31.000 registros válidos.
Este incumplimiento fue clave para que el organismo electoral iniciara el proceso administrativo que ahora continúa vigente.
Acciones de Unidad Popular ante el CNE
Como parte de su defensa, Unidad Popular anunció que entregará una base de datos que superaría los 200.000 afiliados, además de sustentar su posición con argumentos legales dentro del plazo establecido.
El movimiento también ha reiterado que el proceso no ha concluido y que aún existen instancias para revertir la decisión.
Convocatoria a movilización
En paralelo, Unidad Popular convocó a una movilización nacional en Quito para el 1 de abril, con el objetivo de rechazar la decisión del organismo electoral.
Por su parte, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, sostiene que el procedimiento ha sido transparente y que se ha garantizado el debido proceso.
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