El paro de Ecuador tiene a la nación atravesando días de tensión social tras la decisión del Gobierno de eliminar el subsidio al diésel. Esta medida ha desatado movilizaciones en varias provincias del país. Las protestas, encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), han reunido a miles de manifestantes. Ellos rechazan lo que consideran un golpe económico directo a las comunidades rurales y sectores productivos. La situación se ha agravado con enfrentamientos y, lamentablemente, con la muerte de un comunero indígena en Cotacachi.
La voz de la ONU y el pedido internacional
Ante este escenario, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur exhortó a las partes a entablar un “diálogo urgente” para frenar la escalada del conflicto. El representante regional, Jan Jarab, recalcó que el uso de fuerzas militares para controlar las protestas implica un riesgo real de violaciones de derechos humanos. Esto es porque no están entrenadas para manejar situaciones de conflictividad social.
Este pronunciamiento se suma a otras instancias internacionales. Estas insisten en que la única salida viable para Ecuador es la negociación y la paz social, con un Estado que garantice justicia y respeto a los derechos humanos.
Exigencias de justicia e investigación
Las organizaciones indígenas catalogaron la muerte de Efraín Fuerez como un “crimen de Estado”. Responsabilizaron a las Fuerzas Armadas de los disparos. En este contexto, la ONU subrayó la necesidad de una investigación exhaustiva, transparente e imparcial. Esta debe permitir esclarecer responsabilidades y brindar justicia a la familia de la víctima. Además, se pidió esclarecer los reportes de heridos durante las protestas. Entre ellos hay 12 militares, lo que evidencia la magnitud de los enfrentamientos.
Paz y democracia como horizontes
La crisis social que vive Ecuador refleja el impacto económico de una decisión gubernamental. También las tensiones históricas entre el Estado y las organizaciones indígenas. La comunidad internacional recuerda que el país tiene la obligación de garantizar los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos. Afirman que el diálogo inclusivo es la vía más sólida para mantener la estabilidad democrática.
De no abrirse un espacio real de negociación, el riesgo es una escalada mayor de violencia. Esto debilitaría la gobernabilidad y profundizaría la brecha entre el Estado y los sectores sociales movilizados.Fuente: DW
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