El presidente Donald Trump declaró este jueves que «todo esto es una estafa» al anunciar la eliminación definitiva de la norma que permitía a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) regular la contaminación climática. La administración republicana revocó el «dictamen de peligro» emitido en 2009 durante el gobierno de Obama. Ese dictamen clasificaba seis gases de efecto invernadero como contaminantes peligrosos para la salud humana bajo la Ley de Aire Limpio. Además, esta herramienta legal era considerada el pilar fundamental de la estrategia ecológica de Estados Unidos. Así, respaldaba la autoridad de la EPA para limitar emisiones de plantas de energía, vehículos y la industria del petróleo y gas.
Trump calificó la política climática previa como «una gran estafa» y «un robo al país por parte de Obama y Biden». La derogación no solo elimina la base legal para regular gases de efecto invernadero. También allana el camino para revertir otras regulaciones derivadas, como los estándares de emisiones vehiculares impulsados durante el gobierno de Biden. En consecuencia, la medida representa el mayor acto de desregulación ambiental en la historia reciente de EE.UU.
El argumento legal de la EPA y la estrategia a largo plazo
La eliminación de la norma que regulaba la contaminación climática se sustenta en un cambio de argumentación por parte de la EPA. A diferencia de la propuesta inicial del verano pasado —que se basaba en informes de negacionistas del cambio climático—, la versión final apela a razones estrictamente legales. El administrador de la EPA, Lee Zeldin, sostuvo que la Ley de Aire Limpio «no otorga autoridad estatutaria a la EPA» para regular emisiones destinadas a abordar el cambio climático global. Además, señaló que si el Congreso desea esa facultad, debe aprobar una ley que la otorgue explícitamente.
Expertos legales señalan que esta movida podría tener implicaciones duraderas. Si la derogación es confirmada por los tribunales, ninguna futura administración podría usar la Ley de Aire Limpio para regular el dióxido de carbono, independientemente de la voluntad política. El Congreso tendría que legislar específicamente sobre la materia. Sin embargo, eso es algo improbable dado el actual clima de polarización. Por tanto, la administración Trump está jugando una estrategia a largo plazo. Esto podría amarrar las manos de futuros gobiernos en materia climática.
La batalla judicial que se avecina
Grupos ambientalistas, de salud pública y legales ya han anunciado que llevarán el caso a los tribunales. Earthjustice, la American Lung Association y el Natural Resources Defense Council (NRDC) prometen impugnar lo que consideran una decisión «ilegal» y desconectada de la ciencia. Abigail Dillen, presidenta de Earthjustice, recordó que los tribunales han afirmado repetidamente la obligación de la EPA de limpiar la contaminación climática.
El precedente judicial es complejo. La Corte Suprema falló en 2007 que la EPA tenía autoridad para regular gases de efecto invernadero, y en 2022 confirmó esa autoridad aunque restringiendo su alcance. Los abogados del NRDC argumentan que los nuevos planteamientos legales de la EPA son «relativamente novedosos» y nunca antes utilizados. Por esa razón, eso podría hacerlos vulnerables en los tribunales. No obstante, con una Corte Suprema de mayoría conservadora, el resultado es incierto.
Al declarar que «todo esto es una estafa», Trump no solo elimina una norma clave contra la contaminación climática, sino que sienta las bases para una batalla legal que definirá el futuro de la política ambiental en EE.UU. La derogación del dictamen de peligro es un golpe directo a décadas de jurisprudencia y un desafío explícito a la comunidad científica. Finalmente, el legado de esta decisión dependerá de los tribunales. También dependerá de la capacidad de la sociedad civil para movilizarse y exigir un aire limpio como un derecho, no como una mercancía negociable.
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