Donald Trump, bajo el título «Protegiendo el significado y valor de la ciudadanía estadounidense», ha cumplido su promesa de modificar drásticamente las reglas relacionadas con el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. En una de sus primeras acciones como presidente, Trump firmó una orden ejecutiva que, sin duda, modificará el panorama migratorio en el país. Esta nueva interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución limita la aplicación universal de la ciudadanía por nacimiento. El gobierno estableció la enmienda original en 1868.
El giro histórico de la Enmienda 14
La Enmienda 14 de la Constitución, establecida tras la Guerra Civil, garantiza que «toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos». Sin embargo, el decreto firmado por Trump rechaza la interpretación extendida de esta enmienda. Trump argumenta que nunca fue diseñada para otorgar ciudadanía automática a todas las personas nacidas en suelo estadounidense. Esto excluye especialmente a aquellos cuyos padres se encuentren en el país de manera ilegal o temporal.
El presidente Trump y su administración argumentan que la interpretación tradicional de la Enmienda 14 ha sido malentendida. Esto ha llevado a una expansión innecesaria de derechos. Según la nueva orden ejecutiva, los hijos de padres no ciudadanos no podrán adquirir la ciudadanía por nacimiento. Esto aplica a aquellos que se encuentren de forma ilegal o en situación de estancia temporal.

Migrantes afectados por la nueva medida
Según la orden ejecutiva, las restricciones comenzarán a aplicarse 30 días después de la firma del decreto, es decir, a partir del 20 de febrero de 2025. Además, la orden aclara que no afectará a los niños nacidos de residentes legales permanentes. Esto garantiza que ciertos grupos sigan teniendo derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento.
Este cambio afecta especialmente a miles de niños nacidos de padres inmigrantes en situación irregular, quienes tradicionalmente obtenían la ciudadanía por su lugar de nacimiento. A partir de la implementación de esta orden ejecutiva, que regirá a partir del 20 de enero de 2025, se establecerán restricciones estrictas, limitando los derechos de ciudadanía por nacimiento de manera considerable.
Implementación y efectos a corto plazo
Según la orden ejecutiva, las restricciones comenzarán a aplicarse 30 días después de la firma del decreto, es decir, a partir del 20 de febrero de 2025. Además, la orden aclara que no afectará a los niños nacidos de residentes legales permanentes. Esto garantiza que ciertos grupos sigan teniendo derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento.
Dentro de los próximos 30 días, los departamentos y agencias del gobierno deberán emitir guías públicas sobre cómo se implementará esta nueva normativa. La orden también establece que no se aplicará de manera retroactiva, lo que significa que los niños nacidos antes de la fecha de la orden seguirán siendo considerados ciudadanos estadounidenses, aunque sus padres no sean ciudadanos ni residentes permanentes.
El impacto a largo plazo de esta decisión
Aunque se implementará en etapas, los efectos sobre la población migrante serán inmediatos y duraderos. Esto afectará principalmente a quienes dependen de la ciudadanía por nacimiento para regularizar su estatus en el país. El cambio propuesto por Trump redefine el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Esta modificación podría tener repercusiones profundas en la población migrante y en el sistema de inmigración. Aunque Trump afirma que busca proteger la integridad del sistema de ciudadanía, su impacto en las familias inmigrantes será significativo. Miles de niños nacidos en circunstancias temporales o ilegales perderán la oportunidad de obtener la nacionalidad.
En resumen, el decreto ejecutado por Trump representa un paso audaz hacia una redefinición de los derechos ciudadanos en Estados Unidos. Aunque se implementará en etapas, los efectos sobre la población migrante serán inmediatos y duraderos. Esto afectará principalmente a quienes dependen de la ciudadanía por nacimiento para regularizar su estatus en el país.
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