El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) impone multa a Patricia Núñez, asambleísta de la Revolución Ciudadana, por realizar campaña política a través de sus redes sociales durante las últimas elecciones generales. La sanción económica de USD 4.700 marca un precedente importante en el control de actividades electorales de servidores públicos.
La resolución judicial, dictada el 15 de septiembre de 2025 por el juez Joaquín Viteri, responde a una denuncia presentada por Juan Esteban Guarderas. Guarderas es un destituido consejero de Participación Ciudadana. El denunciante acusó a la legisladora de Chimborazo de utilizar su cargo público para promover al binomio correísta.
Pruebas que sustentan la sanción del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a Patricia Núñez
Las evidencias recopiladas durante el proceso demostraron que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) impone multa a Patricia Núñez. Esta decisión se basa en publicaciones realizadas entre el 7 y 9 de abril de 2025. La asambleísta utilizó su cuenta oficial de X (@patynunezrCh) para difundir contenido favorable a Luisa González y Diego Borja.
Un peritaje forense confirmó la autenticidad de las publicaciones y verificó que el contenido no había sido manipulado. Posteriormente, se constató que la cuenta fue eliminada o su contenido ocultado, lo que reforzó las sospechas sobre la intencionalidad de las acciones.
El análisis técnico reveló que Núñez participó en eventos promocionales del binomio presidencial. Esto violó las normativas electorales que prohíben a los servidores públicos realizar campaña durante el ejercicio de sus funciones.
Antecedentes similares en el correísmo
Esta no es la primera ocasión en que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) impone multa a Patricia Núñez o a otros miembros de la Revolución Ciudadana. El 2 de julio de 2025, el mismo juez Viteri sancionó con USD 9.000 a Viviana Veloz, jefa de bloque de RC, por campaña anticipada en las elecciones de 2023.
El caso de Veloz estableció un precedente que ahora se aplica a Núñez. Aunque el Pleno del TCE rechazó la apelación de Veloz el 8 de agosto, le redujo la multa a USD 4.700. Esta es la misma cantidad que ahora debe pagar la asambleísta de Chimborazo.
Estos antecedentes demuestran un patrón de comportamiento en el correísmo. Este patrón ha llamado la atención de las autoridades electorales, quienes han intensificado el control sobre las actividades de campaña de los servidores públicos.
Consecuencias legales y precedente judicial
La decisión judicial de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) impone multa a Patricia Núñez establece importantes precedentes sobre el uso de redes sociales por parte de funcionarios públicos. El juez Viteri aplicó el principio de proporcionalidad. Optó por la sanción económica en lugar de la destitución.
Núñez tiene un plazo de 30 días para pagar la multa de USD 4.700, equivalente a 10 salarios básicos unificados. Sin embargo, la asambleísta mantiene la posibilidad de apelar ante el Pleno del TCE, siguiendo el mismo procedimiento que utilizó su compañera de bancada Veloz.
La sentencia refuerza el marco normativo electoral ecuatoriano y envía un mensaje claro sobre las consecuencias de utilizar cargos públicos para fines electorales. Este caso confirma que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) impone multa a Patricia Núñez como parte de una política más amplia de control electoral.
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