Tribunal ratificó condena en el caso de desaparición forzada en Guayaquil
Con la presencia del fiscal general del Estado, Wilson Toainga, la mañana del lunes 18 de agosto de 2025 se reinstaló la audiencia de apelación a la sentencia impuesta a cuatro exmiembros de la Policía Nacional, por su responsabilidad en un caso emblemático: la desaparición forzada en Guayaquil, ocurrido en noviembre de 2003.
El caso, denominado “González y otros”, investigó la desaparición de tres ciudadanos a quienes agentes policiales detuvieron en una farmacia de la ciudad. Desde ese momento, no se tuvo más información sobre su paradero, lo cual activó un proceso judicial complejo que se ha prolongado durante más de dos décadas.
Reformas a la sentencia por desaparición forzada en Guayaquil
Durante la audiencia de apelación, el Tribunal ratificó la responsabilidad penal de los sentenciados y ajustó las penas en relación con su grado de participación:
- Erick Aquiles S. M., en calidad de autor, fue condenado a 24 años de prisión.
- Mario Rodrigo C. L., también como autor, recibió la misma sentencia: 24 años.
- Marco Orlando V. A., cómplice, fue sentenciado a 8 años de reclusión.
En cambio, Aurelio Justino Ch. P. fue declarado inocente. Según la Fiscalía, su participación como encubridor no puede sancionarse penalmente, ya que esta figura no está prevista en la normativa legal vigente. Este principio se conoce como favorabilidad penal.
Caso González y otros: un ejemplo de desaparición forzada en Guayaquil
La Comisión de la Verdad considera este caso una grave vulneración a los derechos humanos. Así lo recoge el Informe de la Comisión de la Verdad, en el cual se detalla el patrón sistemático de detenciones ilegales cometidas por agentes del Estado. La desaparición forzada en Guayaquil, en este contexto, representa una de las violaciones más emblemáticas a los derechos fundamentales en el país.
El fallo ratificado por el Tribunal de Apelación consolida un precedente jurídico importante para futuras investigaciones relacionadas con crímenes de lesa humanidad, ya que establece responsabilidades claras y penaliza la participación activa y cómplice de funcionarios del orden.
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