La aprobación de la Ley de Integridad Pública por parte de la Asamblea Nacional incluye una disposición transitoria que permite que ciertas cooperativas de ahorro y crédito se transformen en bancos, tras un análisis técnico. Este cambio normativo ha generado gran atención en el sector financiero.
¿Qué permite la disposición transitoria décimo primera?
La Ley de Integridad Pública introduce la Disposición Transitoria Décimo Primera, que habilita la transformación de cooperativas seleccionadas en sociedades anónimas del sector financiero. Además, estas entidades pasarían a quedar bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Bancos.
¿Quién decidirá cuáles cooperativas se transforman?
Asimismo, la responsabilidad recae en la nueva Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, que se conformará en un plazo de 90 días. De este modo, esta Junta determinará qué cooperativas cumplen los requisitos técnicos y regulatorios para convertirse en bancos.
¿Cuándo empezará a regir este cambio?
La nueva Junta tendrá un plazo máximo de 90 días, a partir de su conformación, para iniciar el proceso de evaluación y transformación. Por lo tanto, las primeras definiciones podrían darse a finales de septiembre de 2025.
¿Por qué impulsar esta reforma?
El objetivo declarado en la Ley de Integridad Pública es proteger los ahorros y aportes de la ciudadanía y mantener la estabilidad financiera. Para ello, la Junta deberá realizar «análisis de interconexión y riesgo sistémico». En consecuencia, se busca que solo las cooperativas más sólidas se transformen.
Diferencias entre banco y cooperativa
Las cooperativas funcionan sobre la base de la cohesión social: cada socio tiene un voto, sin importar el aporte financiero, y están reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. En cambio, los bancos operan con fines de lucro, accionistas con voz según su capital, y enfrentan exigencias más estrictas en materia de reservas y provisiones de cartera.
Rechazo del sector cooperativo
Antes de la aprobación, el gremio Asofipse expresó su rechazo. Según esta asociación, la medida carece de soporte legal y va en detrimento del enfoque social del cooperativismo. Además, agrupan a 5,1 millones de socios y concentran casi el 90 % de los activos del sector cooperativo del país.
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