La promesa de una nueva Asamblea Nacional comienza a diluirse frente a los números, marcados por el tráfico legislativo. Desde el inicio del actual periodo legislativo, la acumulación de proyectos de ley en manos del Consejo de Administración Legislativa revela que las viejas prácticas no solo persisten, sino que siguen frenando el trabajo parlamentario.
Entre el 14 de mayo de 2025 y el 31 de enero de 2026, el CAL recibió 212 iniciativas legales. Sin embargo, menos de la mitad ha avanzado dentro del trámite correspondiente, dejando en evidencia un cuello de botella que afecta la producción normativa y la seguridad jurídica del país.
Proyectos represados y plazos incumplidos
De las 212 propuestas ingresadas, apenas 78 han sido procesadas por el CAL. De estas, 58 fueron enviadas a comisiones legislativas y 20 negadas. En contraste, 126 iniciativas permanecen sin resolución y ocho fueron retiradas por sus proponentes.
El problema se agrava si se considera que la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece un plazo máximo de 60 días para que el CAL califique los proyectos. Actualmente, al menos 57 iniciativas ya superaron ese límite legal, mientras otras 69 aún se encuentran dentro del tiempo permitido.
Tráfico legislativo y falta de organización
Para Pablo Proaño, coordinador general de Dignidad y Derecho, la acumulación responde a una deficiente organización administrativa que deriva en lo que denomina tráfico legislativo. Esta práctica, sostiene, permite que las iniciativas se estanquen sin explicación clara, afectando directamente la seguridad jurídica.
El CAL, al actuar como filtro principal del proceso legislativo, concentra un alto nivel de discrecionalidad política, decidiendo qué proyectos avanzan y cuáles quedan archivados sin pronunciamiento.
Prioridades políticas alejadas del trabajo legislativo
El analista político Alfredo Espinosa advierte que la Asamblea ha desviado su atención hacia debates que no corresponden a su función central. Temas de coyuntura internacional y discursos políticos han desplazado el tratamiento de informes y proyectos de ley.
Según Espinosa, la eficiencia legislativa no se mide por declaraciones públicas, sino por resultados concretos. Las cifras actuales, afirma, muestran una institución que no prioriza la producción normativa.
Un problema heredado de legislaturas anteriores
La falta de celeridad no es un fenómeno nuevo. A las iniciativas actuales se suman 2.851 proyectos que permanecen sin calificación desde al menos tres periodos legislativos anteriores. Esta acumulación histórica refuerza la percepción de que el CAL sigue operando bajo esquemas que impiden que las propuestas se conviertan en soluciones reales para la ciudadanía.
El abogado José Correa, especialista en administración pública y decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala, señala que esta situación constituye un incumplimiento de funciones establecido claramente en la normativa vigente.
Reforma al reglamento y presión política pendiente
Ante este escenario, Proaño plantea una reforma al reglamento legislativo que permita sancionar los retrasos en la calificación de proyectos, sin importar si provienen de asambleístas, ministerios o de la ciudadanía. Además, propone que el CAL esté obligado a justificar públicamente las razones de sus decisiones.
Correa añade que, si el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, no impulsa estos temas dentro del CAL, el Pleno debería pronunciarse y ejercer presión política para corregir las distorsiones del proceso legislativo.
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