El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó el 1 de mayo de 2025 la suspensión de los derechos políticos de Priscila Schettini, asambleísta electa del correísmo, por un período de tres años. Esta decisión se deriva de una denuncia presentada por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien acusó a Schettini de incurrir en violencia política de género. La sentencia también impone una multa de USD 22,500 a la asambleísta electa.
Violencia política de género: contexto y fundamentos
La denuncia de Diana Salazar se basa en una serie de publicaciones y comentarios realizados por Schettini y la abogada Angélica Porras, ambos miembros del colectivo Acción Jurídica Popular. Estas acciones fueron calificadas por el juez ponente, Joaquín Viteri, como actos sistemáticos de violencia política de género que afectaron la imagen personal y profesional de la fiscal. Se argumentó que tales conductas no solo vulneraron los derechos políticos de Salazar, sino que también incitaron su renuncia al cargo que ostenta.
Reacciones y medidas adoptadas
La jueza Ivonne Coloma, presidenta del TCE, votó en contra de la sentencia, argumentando que no se había garantizado el derecho a la defensa. Sin embargo, la resolución fue aprobada por mayoría, con cuatro votos a favor y uno en contra. Como parte de las medidas adoptadas, se ordenó que Schettini y Porras eliminen de sus redes sociales ciertas publicaciones. Estas incluyen los hashtags #LadyImpericia o #LadyImpericias, así como cualquier mención a la cuenta de Twitter de Diana Salazar. Además, ambas deberán ofrecer disculpas públicas. También deben acudir al Centro de Apoyo Integral “Las Tres Manuelas” para recibir formación sobre violencia política de género.
Impacto en la Asamblea Nacional
La sentencia del TCE implica que Priscila Schettini no podrá asumir su curul en la nueva Asamblea Nacional. Esta se instalará el 14 de mayo de 2025. La decisión refleja el compromiso del Tribunal con la lucha contra la violencia política de género. También evidencia su intención de proteger los derechos de las mujeres en la política ecuatoriana.
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