La Corte Constitucional de Ecuador enfrenta un incremento sin precedentes de demandas de inconstitucionalidad. Desde inicios de 2025, ha recibido 111 acciones, de las cuales el 58 % están dirigidas contra decisiones del gobierno de Daniel Noboa. Estas demandas cuestionan leyes, decretos, resoluciones ministeriales y reglamentos que, según distintos sectores ciudadanos, vulneran derechos fundamentales.
Entre las medidas más polémicas figura la tasa minera de fiscalización, establecida por la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom). Esta resolución busca recaudar entre USD 200 millones y USD 220 millones anuales. La normativa, vigente desde junio de 2025, obliga a concesionarios mineros metálicos y no metálicos, tanto en exploración como en explotación, a pagar la tasa. Sin embargo, ya acumula seis demandas de inconstitucionalidad.
Leyes y decretos en disputa
La Ley de Integridad Pública lidera la lista de impugnaciones con 29 demandas, de las cuales 25 ya fueron unificadas en un solo proceso. Asimismo, la Ley de Inteligencia y la Ley de Solidaridad Nacional también enfrentan fuertes cuestionamientos. La Corte Constitucional suspendió temporalmente artículos de ambas, lo que generó un duro enfrentamiento entre el Ejecutivo y los jueces.
De igual forma, otras normativas aprobadas recientemente, como la Ley de Eficiencia Económica, la Ley de Conflicto Armado y la Ley de Áreas Protegidas, están bajo revisión judicial. Aunque reciben menos atención mediática, también forman parte del creciente número de procesos legales contra el gobierno.
Fusión de ministerios y cuestionamientos laborales
El Ejecutivo tampoco ha estado exento de críticas por sus decretos de reorganización institucional. La fusión de ministerios ha sido objeto de nuevas demandas ciudadanas, que señalan irregularidades en el procedimiento. A esto se suman los conflictos en el Ministerio de Trabajo, encabezado por Ivonne Núñez, donde resoluciones sobre sindicatos, remuneraciones y regulaciones laborales han sido denunciadas por supuestas vulneraciones de derechos.
Crisis política y presión judicial
El presidente Daniel Noboa mantiene un discurso confrontativo hacia la Corte Constitucional, responsabilizándola de obstaculizar medidas que, según él, buscan frenar la crisis de inseguridad. No obstante, los procesos acumulados —incluida la tasa minera— evidencian un amplio descontento social frente a diversas decisiones gubernamentales.
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