En lo que va del año 2025, la suplantación de identidad vehicular en Ecuador se ha convertido en una preocupante práctica delictiva. Al menos 3 600 propietarios han sido afectados por esta modalidad de fraude que sigue en aumento. En menos de dos meses, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ha tramitado el replaqueo de 132 vehículos con adulteraciones detectadas, una cifra alarmante que demuestra la profundidad de esta problemática.
Modus operandi: traspasos en tiempo récord
Los delincuentes, aprovechando vacíos en los sistemas de control, han logrado realizar traspasos de dominio en menos de siete días. Casos como el de Alfredo lo evidencian. Él matriculó su camioneta el 25 de junio y, apenas siete días después, el Servicio de Rentas Internas (SRI) le notificó que su vehículo ahora pertenecía a una mujer desconocida de 32 años, residente en Guamaní, al sur de Quito. Sin su autorización ni documentos, el traspaso fue realizado en el Gobierno Autónomo Descentralizado de San Vicente, Manabí.
Esta modalidad de fraude muestra una red bien articulada de corrupción, que ha permeado instituciones como la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y el mismo SRI. Alfredo cuestiona: “¿Cómo pueden hacer un duplicado de matrícula si no tienen mis documentos?”. La única solución que recibió fue presentar una denuncia en la Fiscalía General del Estado para realizar una pericia que determine cuál es el vehículo original. Aunque el proceso se estima en 10 días, las autoridades admiten que hay más de 3 500 casos en espera.
Replaqueo como respuesta provisional
Según Wasington Martínez, director de la AMT, la única alternativa inmediata para los afectados es iniciar el proceso legal correspondiente. Esto comienza con una denuncia formal ante la Fiscalía. Una vez que el vehículo original es identificado, se ordena el replaqueo del automotor. Este procedimiento permite al legítimo dueño recuperar la titularidad, mientras que el vehículo clonado queda sujeto a incautación.
La suplantación de identidad vehicular en Ecuador no se detiene
El crecimiento de la suplantación de identidad vehicular en Ecuador refleja una debilidad estructural en los sistemas de control de las instituciones públicas. Las autoridades aún no logran identificar la raíz de esta red delictiva que manipula trámites en entidades clave del país. El acceso indebido a bases de datos, junto con la posible complicidad de funcionarios, hace urgente una reforma integral en los procesos de control vehicular y fiscal.
Los ciudadanos exigen respuestas contundentes ante una situación que pone en riesgo no solo la propiedad, sino también la seguridad jurídica en el país. Mientras tanto, cientos de afectados siguen esperando que el sistema les devuelva su identidad vehicular.
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