El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) en Ecuador ha implementado un nuevo reglamento para la compra de viviendas de interés social (VIS), con subsidios estatales de hasta USD 5.060. Esta normativa, vigente desde el 19 de julio de 2024, busca facilitar la adquisición de viviendas para personas de bajos ingresos.
¿Cómo funciona el subsidio para la vivienda social en Ecuador?
El nuevo acuerdo del Miduvi permite a los interesados en comprar viviendas entre USD 27.600 y USD 46.920 acceder a subsidios de hasta USD 5.060. Esta medida se enmarca en los esfuerzos del Gobierno para modificar las condiciones económicas del programa VIS y ofrecer mejores oportunidades a la población de menores ingresos.
Desde su creación en la década de los 90, los bonos y subsidios para vivienda han sido una herramienta esencial en Ecuador. El programa VIS, lanzado durante el Gobierno de Lenín Moreno, tiene como objetivo principal que personas con menores ingresos puedan adquirir viviendas a precios más accesibles y con tasas de interés subsidiadas. Este programa incluye un subsidio estatal para ayudar a los interesados a cubrir el costo de la vivienda.
¿Cómo varían los montos para diferentes viviendas?
Antes del nuevo reglamento de 2024, el subsidio estatal era diferente. Por ejemplo, para viviendas con un valor de hasta 67 salarios básicos unificados (SBU), el Estado podía subsidiar hasta 15 salarios básicos. Sin embargo, el nuevo acuerdo ministerial reduce progresivamente el subsidio a medida que aumenta el valor de la vivienda. Ahora, si la vivienda cuesta hasta 60 SBU (USD 27.600), el Estado otorgará un subsidio de 11 SBU o USD 5.060.
Para viviendas que cuestan entre 60,01 y 86,93 SBU (USD 27.604,6 a USD 39.987,8), el subsidio será de 8,7 SBU, es decir, USD 4.002. Y si la vivienda cuesta entre 86,94 y 102 SBU (USD 39.992,4 a USD 46.920), el Estado subsidiará un valor menor: el equivalente a dos salarios básicos, es decir, USD 920.
El impacto del subsidio en el mercado inmobiliario
Paulina Viteri, asesora legal de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas de Ecuador (Apive), menciona que la difusión limitada del subsidio ha llevado a una baja demanda. Sin embargo, con el nuevo reglamento, se espera que los constructores se enfoquen más en proyectos de vivienda más accesibles, beneficiando a la población de menores ingresos.
El nuevo acuerdo ministerial también establece criterios para incrementar el subsidio para ciertos grupos prioritarios. Estos grupos incluyen adultos mayores, familias monoparentales, embarazadas, personas con discapacidad, familias con personas con enfermedades catastróficas. También incluiye a víctimas de violencia, personas de pueblos indígenas y jóvenes de hasta 29 años. Estos grupos pueden acceder a un incremento del subsidio equivalente a un SBU (USD 460) por cada criterio de priorización cumplido. Esto con un tope máximo de 15 SBU, es decir, USD 6.900 adicionales.
Requisitos para solicitar el subsidio de vivienda
Para acceder al subsidio parcial del Estado para la compra de una vivienda de interés social, los interesados deben cumplir ciertos requisitos. El postulante debe ser ecuatoriano o extranjero residente permanente con domicilio en Ecuador, tener ingresos mensuales que no superen los 3,5 SBU (USD 1.610), y no haber recibido anteriormente un subsidio de vivienda de interés social. Además, el subsidio debe destinarse a la primera y única vivienda del postulante y su núcleo familiar.
Es esencial que el postulante y su núcleo familiar no posean propiedades a nivel nacional, excepto si la vivienda se construirá en terreno propio. En ese caso, dicho inmueble será el único de propiedad del postulante y su núcleo familiar. También se requiere que el promotor y el proyecto de vivienda estén calificados y registrados por el ente rector de hábitat y vivienda. El precio por metro cuadrado de construcción debe ser menor a 2,49 SBU (USD 1.145).
Con esta nueva normativa, el Gobierno de Ecuador busca promover la adquisición de viviendas más accesibles y sostenibles, beneficiando a la población de menores ingresos y incentivando a los constructores a enfocarse en proyectos de vivienda más económica.
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