En Ecuador, el subsidio al diésel y gas de uso doméstico se mantiene como uno de los gastos más significativos para el Estado. En 2024, el Ministerio de Finanzas proyectó un desembolso de USD 2.244 millones para estos combustibles, una cifra equivalente a casi la mitad del presupuesto destinado al Ministerio de Educación.
Subsidios que resisten el paso de las décadas
Desde los años ochenta, distintos gobiernos han intentado reducir o eliminar el subsidio al diésel y gas de uso doméstico. Sin embargo, cada intento ha derivado en protestas masivas, pérdidas económicas y crisis políticas. Casos como el paro nacional de 2019 evidencian el alto costo social de cualquier cambio en estas políticas.
Entre 2010 y 2023, el Estado gastó USD 53.922 millones en subsidios a combustibles, de los cuales el 61% se destinó a diésel y gas de uso doméstico. Este gasto es considerado insostenible, ya que la producción nacional de petróleo disminuye y la importación de derivados crece.
Impacto social y distorsiones
El diésel es utilizado principalmente por el transporte público, mientras que el gas doméstico llega a la mayoría de los hogares, incluyendo los más vulnerables. No obstante, expertos advierten que existen distorsiones, como el contrabando y su uso en actividades ilícitas. El economista Hanns Soledispa subraya que cualquier intento de reducción debe ir acompañado de mecanismos de compensación para evitar un impacto negativo en los sectores más pobres.
El costo de mantener el subsidio
En 2025, el galón de diésel premium debería costar USD 2,91, pero se vende a USD 1,80 gracias a la subvención estatal. Por su parte, el cilindro de gas de 15 kg se vende en USD 1,65, un precio muy por debajo del promedio internacional. Estas diferencias generan una carga fiscal significativa, que limita la inversión en sectores como salud y seguridad.
Perspectivas y retos
Tanto Fabián Carrillo como Soledispa coinciden en que la focalización de el subsidio al diésel y gas de uso doméstico es urgente. Sugieren medidas como transferencias económicas a los hogares vulnerables y beneficios tributarios para transportistas. Asimismo, insisten en mejorar la transparencia en la compra de derivados para optimizar el gasto público.
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