Desde el 1 de abril de 2024, la subida del IVA al 15% ha entrado en vigor, junto con cinco demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica, aprobada recientemente. Estas demandas provienen de diversos sectores, incluidos gremios como la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Asociación de Bancos Privados, así como partidos políticos como Unidad Nacional y Revolución Ciudadana. De las cinco demandas, dos están centradas únicamente en el IVA, mientras que las otras tres impugnan diversos aspectos de la ley, incluido el impuesto temporal sobre las utilidades de bancos y cooperativas.
La controversia se intensifica con argumentos que cuestionan tanto la forma como el fondo de la legislación. La Cámara de Comercio de Guayaquil y la Asociación de Bancos Privados impugnan toda la ley, mientras que otros, como la Revolución Ciudadana, se centran específicamente en la constitucionalidad del IVA. El debate se extiende a los impuestos temporales sobre las utilidades de grandes empresas, bancos y cooperativas, así como al aumento del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).
Las críticas se fundamentan en el proceso legislativo y en el contenido mismo de la ley. Se argumenta que la aprobación de la legislación fue irregular, con cambios introducidos mediante un veto presidencial y posteriormente aprobados sin el respaldo legislativo requerido. Además, se señala que los impuestos propuestos podrían ser confiscatorios y discriminatorios, afectando adversamente a sectores específicos de la economía.
La complejidad del escenario se manifiesta en las implicaciones tanto económicas como políticas. Si bien la subida del IVA proporciona al Estado una inyección de liquidez necesaria, su eventual invalidez constitucional tendría repercusiones significativas en las finanzas públicas y en la credibilidad internacional del país. En un momento en el que Ecuador busca activamente financiamiento externo, especialmente del Fondo Monetario Internacional, la incertidumbre sobre la estabilidad legal y económica podría obstaculizar estos esfuerzos.
Fuente:
www.lahora.com.ec
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