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Fiscalía pide disculpas públicas a Jéssica Jaramillo por violencia sexual

Ceremonia de reconocimiento público de la Fiscalía a una víctima de violencia sexual

Actualizada:

4 min de lectura
  • La Fiscalía General del Estado ofreció disculpas públicas a la abogada Jéssica Jaramillo por fallas en la investigación de su caso de violencia sexual.
  • El hecho que denunció Jaramillo ocurrió en enero de 2015 en una playa de Esmeraldas.
  • El acto de reconocimiento se realizó el 15 de septiembre en Quito, tras un proceso ante la CIDH.
  • Durante la ceremonia se proyectó el documental «Silencio», sobre el caso de Jaramillo.

La Fiscalía General del Estado ofreció disculpas públicas a la abogada y activista Jéssica Jaramillo Yaguachi por las fallas cometidas en la investigación de su caso de violencia sexual, ocurrido en enero de 2015 en una playa de la provincia de Esmeraldas.

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El acto de reconocimiento se realizó el lunes 15 de septiembre en Quito, como resultado de un proceso que Jaramillo llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de que la justicia ecuatoriana no investigara su denuncia con la diligencia debida.

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Qué reconoció la Fiscalía

En su declaración, la institución admitió «la vulneración de los derechos de Jéssica Jaramillo» y reconoció que la investigación inicial de su caso no tuvo la celeridad ni el rigor que exige este tipo de delitos. La Fiscalía señaló, además, que los investigadores respondieron con lentitud ante las denuncias reiteradas que la propia Jaramillo presentó durante años.

La institución se comprometió públicamente a garantizar la «debida diligencia en la investigación de delitos relacionados con violencia de género», un compromiso que organizaciones de derechos humanos consideran un precedente relevante para otras víctimas que enfrentan procesos judiciales similares en el país.

Un caso que llegó hasta la CIDH

El caso de Jaramillo se convirtió en un referente dentro del litigio de derechos humanos en Ecuador, luego de que la CIDH determinara que el Estado ecuatoriano incurrió en fallas sistemáticas en el manejo de denuncias por violencia sexual. La resolución del organismo interamericano fue uno de los factores que llevó a la Fiscalía a ofrecer este reconocimiento público, más de una década después de ocurridos los hechos.

Este tipo de actos de reparación simbólica —que incluyen el reconocimiento público de responsabilidad institucional— forman parte de las medidas que organismos internacionales de derechos humanos suelen exigir a los Estados cuando se determina que hubo una falla estructural en el acceso a la justicia de una víctima.

El documental «Silencio»

Durante la ceremonia se proyectó el documental «Silencio», que reconstruye el proceso judicial y personal que atravesó Jaramillo desde la denuncia inicial hasta el reconocimiento de la Fiscalía, una pieza audiovisual que busca visibilizar las barreras que enfrentan las víctimas de violencia sexual dentro del sistema de justicia ecuatoriano.

Organizaciones de mujeres y de derechos humanos que acompañaron el proceso de Jaramillo calificaron el acto como un paso importante, aunque insistieron en que el reconocimiento público debe ir acompañado de reformas concretas en los protocolos de atención a víctimas de violencia sexual, para evitar que casos similares se repitan en el futuro.

Jaramillo, por su parte, señaló tras el acto que el reconocimiento llega tarde pero que espera que sirva para que otras mujeres que enfrentan procesos similares no tengan que esperar más de una década para obtener una respuesta institucional. Su caso ha sido citado en distintos foros académicos y de derechos humanos como ejemplo de las barreras de acceso a la justicia que enfrentan las víctimas de violencia sexual en Ecuador.

El caso se suma a una serie de procesos recientes que han puesto en evidencia falencias del sistema de justicia ecuatoriano, en un contexto en el que la Asamblea Nacional también profundiza su investigación sobre abusos sexuales cometidos en espacios religiosos del país, otro frente donde organizaciones de víctimas exigen respuestas institucionales más rápidas.

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