El debate público se ha visto marcado por los silencios del Gobierno en Ecuador, una práctica que se ha vuelto recurrente ante los cuestionamientos y denuncias. La evasiva o la falta de pronunciamiento se ha convertido en una respuesta institucionalizada. Esta actitud genera desconfianza y agrava la percepción de opacidad frente a casos que comprometen la ética pública y la transparencia.
El papel de los medios frente al silencio oficial
Ante los silencios del Gobierno en Ecuador, el rol del periodismo cobra relevancia. Los medios de comunicación, como EXPRESO, tienen la obligación de insistir en la rendición de cuentas y recordar a los funcionarios que los ciudadanos merecen respuestas claras. La falta de explicaciones ante hechos graves alimenta la incertidumbre y debilita la credibilidad del Estado.
Casos que siguen sin explicación
El caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) sigue sin aclararse. Aún no hay pronunciamiento de Édgar Lama sobre los pagos por derivaciones a clínicas privadas, ni sobre posibles conflictos de interés. Los silencios del Gobierno en Ecuador también se repiten en torno al Porsche Cayenne relacionado con Industrial Molinera, vinculado al entorno presidencial, sin pronunciamiento oficial ni empresarial.
Por otro lado, el caso Alvarado Campi plantea interrogantes sobre el origen de 2,6 millones de dólares usados en la compra de medios de comunicación. Las entidades competentes, como la UAFE y el Centro de Inteligencia Estratégica, no han informado si investigan el origen de esos fondos.
Temas fiscales y empresariales sin respuesta
El Servicio de Rentas Internas (SRI) mantiene en investigación a Granasa, editora de EXPRESO y EXTRA, por supuesta defraudación tributaria. Sin embargo, no explica por qué niega el acceso a los informes que sustentan esa acusación. Asimismo, la reducción de la deuda tributaria de Bananera Noboa continúa sin documentación que justifique los pagos ni el sustento legal del proceso.
Energía, minería y financiamiento político
Otros silencios del Gobierno en Ecuador incluyen el contrato con Progen por 149,1 millones de dólares, aún sin aclaración sobre los responsables de la negociación. También persisten dudas en el caso Loma Larga, donde la licencia ambiental fue otorgada pese a observaciones técnicas de ETAPA. Finalmente, el financiamiento de las marchas contra la Corte Constitucional sigue sin transparentarse, generando más sospechas sobre la participación de funcionarios en actos supuestamente ciudadanos.
Los silencios del Gobierno en Ecuador no solo evaden la rendición de cuentas, sino que alimentan la desconfianza social. Cada pregunta sin respuesta representa una deuda con la transparencia democrática.
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Fuente:
www.expreso.ec
