La sentencia del ‘Martillador’ fue finalmente ratificada por la Sala Penal del Guayas, concluyendo un extenso proceso judicial que se prolongó durante más de trece años. La Fiscalía General del Estado comunicó este jueves 15 de mayo de 2025 que se ha confirmado la condena de 25 años de prisión para Roberto Eliut C., conocido mediáticamente como el ‘Martillador’. Esta resolución representa un hito en la búsqueda de justicia por el femicidio de María Fernanda Fernández.

Un crimen atroz en Lomas de Urdesa
El crimen ocurrió el 4 de octubre de 2011, en el sector de Lomas de Urdesa, al norte de Guayaquil. Roberto Eliut C. asesinó brutalmente a la víctima, una joven de 21 años, dentro del departamento que ambos compartían ocasionalmente. Según la autopsia, él le causó la muerte con múltiples golpes en la cabeza usando un martillo. Debido a la violencia del acto, el caso generó una gran conmoción en la opinión pública.
Evidencias contundentes presentadas por la Fiscalía
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó como prueba clave un video de vigilancia. En las imágenes, se observa a la pareja ingresar al inmueble, pero posteriormente se ve a Roberto salir solo, conduciendo un vehículo alquilado. Además, el testimonio de la madre de la víctima aportó un elemento emocional y determinante al proceso: aseguró que su expareja acosó a su hija antes del crimen. Estos elementos resultaron decisivos para que la sentencia del ‘Martillador’ fuera confirmada.
Captura y extradición luego de una larga fuga
El agresor logró evadir la justicia durante más de una década. Estuvo prófugo desde 2011 hasta su detención en Perú en abril de 2024. Las autoridades peruanas, en cooperación con sus homólogas ecuatorianas, concretaron su captura. Posteriormente, fue extraditado a Ecuador para enfrentar el proceso penal pendiente. Finalmente, la sentencia del ‘Martillador’ se reafirmó en segunda instancia, cerrando así un largo capítulo judicial.
Impacto y resolución
La confirmación de la sentencia del ‘Martillador’ no solo sienta un precedente judicial, sino que también representa una respuesta contundente contra la violencia de género. Aunque el proceso se prolongó, las autoridades consiguieron asegurar una sanción proporcional al crimen que cometió el agresor. La sociedad ecuatoriana observa ahora cómo la justicia, aunque tardía, puede prevalecer ante la impunidad.
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