- Se cumple un año del arresto de Andreína Lamota tras el hallazgo del cuerpo de su madre en la ciudadela Sauces 9.
- Un tribunal penal de Guayaquil le impuso la pena máxima de 40 años de privación de libertad por femicidio y parricidio.
- Las investigaciones fiscales destaparon indicios sobre su presunta participación en la desaparición de una amiga en 2021.
- Peritajes psicológicos y psiquiátricos forenses confirmaron que la procesada comprendía la ilicitud de sus actos.
A doce meses de uno de los sucesos judiciales y policiales más perturbadores registrados en la memoria reciente de Guayaquil, el caso de Andreína Lamota continúa generando conmoción en la opinión pública y mantiene abiertas líneas de investigación forense en los despachos de la Fiscalía General del Estado. El 16 de octubre de 2025, agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) aprehendieron a la mujer en una vivienda de la ciudadela Sauces 9, al norte de la urbe, tras el macabro descubrimiento de los restos descuartizados de su madre, Martha Solís.
El crimen conmocionó al vecindario y al país entero debido a la crueldad metódica con la que se ejecutó el hecho y a los intentos posteriores de la procesada por ocultar los indicios, fingiendo durante semanas que su progenitora se encontraba de viaje en el exterior. Las pericias de luminol y cotejo genético practicadas por el Departamento de Criminalística en el inmueble familiar resultaron concluyentes para desvirtuar las versiones contradictorias de la imputada.
Sentencia de 40 años y dictamen de imputabilidad
Durante el juzgamiento penal ante el Tribunal de Garantías Penales del Guayas, la Fiscalía General del Estado presentó más de una treintena de pruebas periciales, documentales y testimoniales. Entre los elementos determinantes constaron los informes psiquiátricos y psicológicos forenses, los cuales determinaron que Lamota no padecía trastornos psicóticos que anularan su capacidad de discernimiento, demostrando que planificó y ejecutó el delito con plena conciencia de su ilicitud.
Con base en las agravantes demostradas, los magistrados dictaron una sentencia condenatoria de 40 años de reclusión —la pena máxima acumulada que contempla el Código Orgánico Integral Penal (COIP)—, además del pago de una reparación integral a los familiares de la víctima. Actualmente, la sentenciada cumple su condena en el Centro de Privación de Libertad Femenino de Guayaquil bajo estrictas medidas de seguridad penitenciaria.
El seguimiento riguroso de casos judiciales complejos y el accionar de los órganos de investigación criminal se articula con los operativos que despliegan las fuerzas de seguridad en la provincia del Guayas, como los procedimientos reportados en la desarticulación de estructuras delictivas peligrosas en la costa, orientados a sancionar con rigor los crímenes de mayor gravedad social.
Línea de investigación abierta por caso de 2021
No obstante la sentencia condenatoria en firme por el crimen de su madre, la Fiscalía mantiene abierto un expediente investigativo conexo que involucra a Andreína Lamota. Las pesquisas reactivaron la búsqueda de indicios sobre la misteriosa desaparición de Jeniffer Banguera, una joven amiga de la infancia de la sentenciada de quien no se tiene rastro desde septiembre de 2021 tras haber acudido a visitarla a ese mismo departamento en Sauces 9.
Antropólogos forenses y peritos de la Policía Nacional analizan muestras óseas y testimonios de la época para esclarecer si la procesada estuvo implicada en una segunda muerte violenta. Fuentes judiciales confirmaron que en las próximas semanas se convocará a nuevas diligencias testimoniales en el penal para esclarecer este caso no resuelto que mantiene en vilo a otra familia guayaquileña.
Defensores de los derechos de las víctimas y juristas del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDDH) destacaron la importancia de que la administración de justicia continúe las investigaciones hasta esclarecer el paradero de todas las personas desaparecidas relacionadas con el entorno de la procesada, garantizando verdad y reparación integral.
El dictamen judicial ratificó la prevalencia de las pruebas científicas aportadas por los peritos balísticos, forenses y criminalísticos, sentando un precedente relevante en la persecución penal de delitos de máxima gravedad contra miembros del núcleo familiar. La Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso de agotar todas las diligencias técnicas para esclarecer los hechos pendientes y garantizar que ningún acto violento quede en la impunidad.
