- El SNAI completó la clasificación técnica de 9.214 internos en seis cárceles.
- La evaluación determina tres niveles de custodia: mínima, media y máxima seguridad.
- El proceso busca desarticular mandos criminales y frenar economías ilegales en prisión.
- Las Fuerzas Armadas y Policía mantienen controles perimetrales e internos continuos.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) concluyó una fase masiva de categorización y reubicación técnica que abarcó a 9.214 personas privadas de la libertad en seis centros penitenciarios prioritarios del país. La intervención responde a la política de reestructuración integral del sistema carcelario orientada a neutralizar la influencia de grupos delictivos organizados dentro de los pabellones.
El diagnóstico técnico individualizado evaluó antecedentes procesales, perfil criminológico, nivel de peligrosidad, vinculación con organizaciones criminales y grado de vulnerabilidad social. A partir de estos baremos, la administración penitenciaria distribuyó a la población penal en tres regímenes diferenciados: mínima, media y máxima seguridad, superando el modelo anterior que agrupaba reclusos en función de afinidades delictivas o control territorial de bandas.
Criterios criminológicos y ruptura de mandos delictivos
De acuerdo con informes de la Policía Nacional del Ecuador, la segmentación celular de los reclusos resulta determinante para impedir que cabecillas criminales utilicen los pabellones generales como bases de extorsión, tráfico de sustancias y planificación de atentados en el exterior. Al separar físicamente a los mandos de alta peligrosidad del resto de la población carcelaria, las fuerzas de seguridad buscan desactivar las economías ilegales que financiaban redes de violencia urbana.
La intervención en el sistema de justicia y seguridad carcelaria avanza en paralelo al esclarecimiento de casos de alto impacto en el ámbito penal, donde recientemente el testimonio en caso Mónica Martinich reveló detalles del atropellamiento en Samborondón y los protocolos periciales aplicados por los organismos de investigación técnica del Estado.
Las autoridades penitenciarias implementaron filtros biométricos y controles rigurosos en los accesos a las áreas de máxima seguridad, donde las visitas y desplazamientos internos se encuentran sujetos a estrictas normas de vigilancia electrónica y requisa corporal permanente. Los internos asignados a regímenes de mínima y media seguridad, en contraste, acceden de manera progresiva a programas de capacitación laboral, nivelación educativa y talleres de reinserción productiva.
Monitoreo institucional y sostenimiento del control estatal
La clasificación de los 9.214 reclusos contó con el acompañamiento de contingentes de las Fuerzas Armadas y unidades especializadas de la Policía, garantizando traslados seguros y revisiones exhaustivas de pabellones para decomisar objetos prohibidos, armamento y terminales de comunicación móvil.
Organismos de derechos humanos y veedurías ciudadanas han enfatizado la necesidad de dotar a los centros carcelarios de personal de custodia penitenciaria civil debidamente certificado, así como de garantizar el abastecimiento regular de alimentación y atención médica para evitar retrocesos en la estabilidad del sistema penitenciario.
El SNAI informó que extenderá este modelo de categorización técnica al resto de recintos penitenciarios del territorio nacional en los próximos meses, con el objetivo de consolidar una base de datos unificada de inteligencia penitenciaria que impida el reagrupamiento de estructuras armadas ilegales y garantice el principio de autoridad estatal en todos los niveles del régimen carcelario ecuatoriano.
Fortalecimiento de infraestructura y separación por tipología procesal
El plan gubernamental también contempla la separación estricta entre personas procesadas que se encuentran a la espera de sentencia ejecutoriada y reclusos con condenas en firme. Esta medida responde a estándares internacionales del sistema interamericano de derechos humanos y busca evitar que internos sin antecedentes penales graves sean cooptados por redes de delincuencia organizada.
Adicionalmente, se ejecutan adecuaciones arquitectónicas en los centros de privación de libertad de Guayas, Cotopaxi, Azuay y Manabí, incorporando inhibidores de señal celular de última generación, esclusas automatizadas y arcos de detección de metales pesados. La modernización de estos recintos tiene como meta restituir el orden y convertir los espacios penitenciarios en recintos controlados donde prevalezca el régimen legal sobre las jerarquías informales del crimen organizado.
Capacitación de guías penitenciarios y programas de reinserción
La estrategia integral de reforma penitenciaria comprende la formación técnica de una nueva promoción de agentes de seguridad y vigilancia penitenciaria civil, quienes reciben instrucción especializada en protocolos de derechos humanos, resolución pacífica de conflictos y contención de amotinamientos. Esta profesionalización progresiva busca reemplazar paulatinamente las tareas de control interno asumidas de forma extraordinaria por el personal de las Fuerzas Armadas durante los estados de excepción.
Asimismo, los centros penitenciarios de mínima y media seguridad habilitaron convenios de cooperación con institutos técnicos y universidades públicas para impartir cursos de mecánica, carpintería, agricultura hidropónica y desarrollo artesanal. Estos programas productivos están diseñados para brindar a las personas privadas de la libertad herramientas laborales concretas que faciliten su reintegración efectiva al mercado laboral una vez extinguidas sus penas privativas de libertad.
