- Un juez de garantías penales de Napo ordenó prisión preventiva para el padre de los menores.
- El ciudadano Jerson P. se entregó voluntariamente tras permanecer con paradero desconocido.
- La Fiscalía formuló cargos por el presunto delito de desaparición involuntaria de personas.
- Centenares de habitantes protagonizaron vigilias y marchas pacíficas demandando celeridad judicial.
Audiencia judicial y medidas por el caso hermanos Andi en Tena
En una diligencia judicial de alta tensión social efectuada en la Unidad Judicial Penal del cantón Tena, un juez de garantías ordenó la medida de prisión preventiva contra el ciudadano Jerson P., en el marco de las investigaciones por el caso hermanos Andi en Tena. La decisión judicial se fundamentó en los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, tras la entrega voluntaria del progenitor en dependencias policiales ocurrida la tarde del jueves.
Los menores Flor Aracely y Leodan Bolívar Andi Alvarado, de 7 y 5 años de edad respectivamente, permanecieron en condición de búsqueda urgente durante varios días, activándose protocolos de alerta Amber y bloqueos fluviales a lo largo de los afluentes de la cuenca amazónica por parte de comuneros y rescatistas.
La rápida coordinación operativa de los organismos de investigación responde a la política de contención delictiva en territorio, similar al despliegue técnico reflejado en la captura de bandas criminales y operativos policiales efectuados en otras provincias del país para resguardar la seguridad ciudadana.
Durante la instalación de la audiencia de formulación de cargos, el fiscal de turno expuso que existen inconsistencias sustanciales en las primeras versiones rendidas por el sospechoso respecto al momento y lugar en que perdió contacto con los niños en una zona rural cercana a la ribera.
El magistrado a cargo del caso hermanos Andi en Tena dispuso una instrucción fiscal de 90 días y ordenó el traslado inmediato del procesado hacia un centro de privación de libertad con medidas especiales de custodia para precautelar su integridad física ante el malestar vecinal.
Conmoción social y vigilia ciudadana en las calles de Tena
La trágica resolución del caso y el hallazgo de los restos sin vida en inmediaciones ribereñas desataron una profunda conmoción en la provincia de Napo. Colectivos de derechos humanos, organizaciones indígenas amazónicas y vecinos de la localidad protagonizaron una masiva marcha pacífica y un plantón nocturno portando pancartas blancas y velas encendidas frente al complejo de la Fiscalía.
Los manifestantes exigieron que las pericias forenses y las pruebas de toxicología se tramiten sin dilaciones, reclamando penas máximas en caso de que se determine responsabilidad penal directa en el deceso de los menores.
A través de comunicados emitidos por la Fiscalía General del Estado, se ratificó que un equipo multidisciplinario de la Dirección de Género y Atención a Víctimas brinda asistencia psicológica integral y patrocinio legal a la madre de los niños, quien exige esclarecimiento total de los hechos.
Asimismo, delegados de la Función Judicial del Ecuador garantizaron la transparencia del proceso penal y recordaron que todas las actuaciones se rigen bajo el principio del interés superior del niño y el debido proceso consagrado en la Constitución.
Peritos de Criminalística y antropólogos forenses concluyeron las autopsias de ley en la morgue de la localidad, cuyos informes técnicos definitivos fueron remitidos bajo estricta reserva sumarial a los fiscales encargados de la investigación.
Medidas comunitarias y llamado a la protección infantil
Líderes de las comunidades kichwas del cantón Tena convocaron a asambleas extraordinarias para revisar los sistemas de vigilancia comunitaria y fortalecer la protección de la infancia en las zonas agrícolas dispersas.
Las autoridades locales de Napo exhortaron a la ciudadanía a mantener la serenidad y evitar actos de justicia por mano propia, asegurando que las instituciones del Estado actuarán con absoluta firmeza para sancionar a los responsables materiales de esta tragedia que enluta al país.
Representantes de organizaciones sociales de la provincia amazónica solicitaron la declaratoria de luto cantonal y la creación de una mesa técnica permanente de protección de derechos de la niñez, con participación de delegados del Ministerio de Inclusión Económica y Social y líderes barriales.
El gobernador provincial de Napo aseguró que se brindará todo el resguardo logístico a los peritos judiciales para que las diligencias de reconstrucción de los hechos se efectúen sin interferencias externas, garantizando que el proceso penal avance con total transparencia.
