- La institución policial sancionó con destitución a 21 servidores técnico-operativos en la provincia de El Oro.
- Entre los casos sancionados consta la custodia asignada a la jueza Lady Pachar, asesinada en Machala.
- Otros uniformados fueron separados por presunto tráfico de armas y ocultamiento de cilindros de pentolita.
- El mando de la Zona 7 impuso además sanciones económicas a 16 agentes operativos y tres oficiales directivos.
La Policía Nacional del Ecuador aplicó sanciones de destitución definitiva a 21 servidores técnico-operativos asignados a la Subzona El Oro durante el transcurso del año 2026, como resultado de sumarios administrativos instaurados por faltas gravísimas cometidas en el ejercicio de sus funciones institucionales.
El balance operativo fue presentado este jueves 1 de octubre de 2026 por el comandante de la Zona 7, coronel Renato González, quien enfatizó que las resoluciones disciplinarias responden a una política interna de cero tolerancia frente a conductas que vulneren el juramento de servicio a la ciudadanía y el ordenamiento jurídico nacional.
Casos emblemáticos: custodia de jueza y tráfico de material bélico
Entre los expedientes de mayor trascendencia pública analizados por los tribunales disciplinarios destaca el del sargento segundo encargado de brindar seguridad y resguardo personal a la jueza Lady Gissela Pachar Huanga, asesinada durante un atentado armado perpetrado en las inmediaciones del centro urbano de Machala. La auditoría interna determinó que el gendarme no se encontraba presente junto a la magistrada al momento del ataque criminal, incumpliendo de forma flagrante los protocolos asignados de protección de víctimas y testigos.
Asimismo, la institución dio de baja a un sargento segundo aprehendido en el cantón fronterizo de Huaquillas, investigado formalmente por la Fiscalía General del Estado por su presunta participación en una red de tráfico internacional de armamento bélico y municiones. Las pericias y transcripciones telefónicas judicializadas evidenciaron que el uniformado conocía previamente sobre la movilización clandestina de 579 cilindros de explosivo pentolita por vías del territorio ecuatoriano sin alertar a los mandos correspondientes.
A estos casos se suma la destitución de tres agentes vinculados a la causa judicial de alias Sampayo, registrada el pasado 11 de junio de 2026, donde los involucrados fueron interceptados mientras participaban presuntamente en la custodia y traslado no autorizado de un fusil de asalto de uso militar.
Sanciones complementarias y régimen de transparencia policial
De acuerdo con el reporte del Ministerio del Interior, además de las 21 destituciones se ejecutaron 16 sanciones pecuniarias mayores contra personal de tropa y tres sanciones económicas a oficiales directivos que incurrieron en omisiones del servicio tipificadas en el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop).
El coronel González subrayó que la gran mayoría de los 2.407 efectivos policiales desplegados en la provincia de El Oro labora con absoluta probidad en operativos preventivos e investigativos contra grupos de delincuencia organizada.
La depuración interna busca robustecer las acciones operativas del bloque de seguridad en momentos donde la guerra entre bandas en Ecuador: fragmentación desata nuevas alianzas en los cantones del perfil costero y las terminales marítimas de la región sur.
El régimen sancionatorio de la Inspectoría General de la Policía Nacional contempla revisiones patrimoniales periódicas y pruebas de confianza toxicológicas y poligráficas para los agentes asignados a unidades de inteligencia y resguardo judicial en zonas de alto riesgo delictivo. Las investigaciones administrativas buscan cerrar brechas de vulnerabilidad institucional ante intentos de penetración de bandas narco criminales.
Organizaciones de veeduría ciudadana en El Oro valoraron positivamente las medidas disciplinarias aplicadas, señalando que la transparencia en la rendición de cuentas fortalece la confianza de la población en los operativos territoriales y en la protección de los operadores de justicia.
El mando policial ratificó que las sanciones administrativas internas no extinguen ni condicionan los procesos penales ordinarios que la justicia común sustancia contra los exservidores dados de baja, comprometiendo todo el contingente institucional para colaborar con las investigaciones judiciales que permitan esclarecer cada uno de los hechos punibles.
