- El 46 % del parque de motocicletas de la Policía en la Zona 8 está fuera de servicio o requiere reparaciones mayores.
- De 1.253 unidades asignadas a Guayaquil, Durán y Samborondón, 575 presentan fallas graves o son consideradas chatarra.
- La institución policial no cuenta con contrato de mantenimiento vigente desde el 23 de agosto de 2025.
- Los agentes patrullan zonas de alta peligrosidad con llantas lisas, sin frenos óptimos y costean arreglos con fondos propios.
La capacidad operativa y la respuesta táctica de la Policía Nacional del Ecuador enfrentan serias limitaciones logísticas en el territorio con mayores índices de violencia criminal del país. En la Zona 8, integrada por los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón, el 46 % de las motocicletas policiales destinadas al patrullaje preventivo y reactivo no se encuentran en condiciones mecánicas operativas para prestar servicio a la comunidad. Un informe técnico emitido por el Departamento de Soporte Operativo del Distrito Metropolitano de Guayaquil confirmó que cientos de unidades permanecen arrumadas en talleres improvisados o circulan con severas averías mecánicas.
El diagnóstico vehicular detalla que la dotación total para esta jurisdicción costera asciende a 1.253 motocicletas multimarca. No obstante, la clasificación técnica oficial revela un panorama crítico: apenas 677 unidades (54 %) se encuentran en las categorías A (completamente operativas) y B (que requieren reparaciones menores). En el extremo opuesto, 575 motocicletas (46 %) se ubican en las categorías C (con necesidad de reparaciones estructurales mayores) y D (técnicamente inservibles o susceptibles de chatarrización inmediata), mientras que una unidad consta administrativamente como «no localizada».
Déficit de matriculación y riesgo extremo para los uniformados
La precariedad logística no solo abarca el estado mecánico, sino también la situación documental del parque vehicular. De las 677 motocicletas catalogadas como aptas para circular o sujetas a arreglos menores, únicamente 389 cuentan con matrícula vigente. Las restantes 288 unidades circulan con la documentación vencida, lo que obliga a la comandancia distrital a priorizar los recursos de mantenimiento preventivo exclusivamente en los vehículos legalmente regularizados ante los organismos de tránsito.
En distritos de alta conflictividad como Nueva Prosperina (Monte Sinaí), Pascuales y el Guasmo Sur, donde hasta finales de julio se contabilizaron 1.441 muertes violentas, los uniformados deben recorrer pendientes empinadas, callejones estrechos y laderas de tierra en vehículos en mal estado. Testimonios recogidos entre el personal de tropa revelan que muchos agentes financian de su propio bolsillo cambios de aceite, parches de neumáticos y ajustes de frenos para no interrumpir los turnos, arriesgando su integridad física al patrullar sobre calzadas mojadas con neumáticos completamente lisos.
Esta vulnerabilidad técnica reduce la capacidad de persecución frente a bandas del crimen organizado. Los agentes asignados al control territorial señalan que la falta de repuestos básicos impide responder con agilidad a llamadas de auxilio ciudadano o persecuciones en flagrancia. Las motocicletas fuera de servicio terminan desmanteladas informalmente en patios policiales para usar sus piezas como repuestos provisionales en otras motos activas.
Contratación pública estancada y nuevo proceso licitatorio
El origen del colapso mecánico radica en la ausencia prolongada de un contrato formal de mantenimiento preventivo y correctivo. La Policía de la Zona 8 carece de este servicio tercerizado desde el 23 de agosto de 2025, fecha en que venció el último instrumento contractual suscrito para el parque automotor. Al no disponer internamente de talleres equipados, maquinaria pesada ni repuestos originales, el deterioro de las unidades se aceleró drásticamente durante el último año.
Un intento por adjudicar un nuevo contrato a través del portal de compras públicas del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) se declaró desierto en abril de 2026 tras nueve meses de trámites infructuosos. Tras reformar la Programación Anual de la Planificación Institucional en julio pasado, la entidad convocó a una nueva licitación presupuestada en USD 521.178 para recuperar la operatividad de los vehículos livianos.
Según el cronograma administrativo supervisado por el Ministerio del Interior, la adjudicación del contrato de mantenimiento podría concretarse recién el próximo 12 de octubre de 2026. Mientras tanto, la fuerza pública debe sobrellevar las exigencias del estado de excepción y los patrullajes nocturnos con menos de la mitad de su flota sobre dos ruedas disponible, en paralelo a las intensas operaciones de interdicción registradas en el litoral, como las evidenciadas cuando incautan tres toneladas de droga en caletas de Los Choneros en Manabí.
