- El Consejo de la Judicatura sostiene mesas de trabajo con la Policía y las Fuerzas Armadas.
- El objetivo prioritario es resguardar la integridad de jueces, fiscales y cortes de justicia.
- Se implementarán perímetros de seguridad reforzados en zonas de alto riesgo penitenciario y costero.
- La medida responde a intimidaciones del crimen organizado en causas contra bandas narcoterroristas.
En el marco de la política estatal de combate frontal contra las estructuras del crimen organizado y el narcoterrorismo, la presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), Mercedes Caicedo, encabezó este 24 de septiembre de 2026 una sesión técnica de coordinación interinstitucional de alto nivel junto a las máximas autoridades de la Policía Nacional y delegados del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF. AA.). El encuentro tuvo como objetivo central definir e implementar un protocolo estandarizado de protección física y perimetral para las unidades judiciales y los operadores de justicia en todo el territorio nacional.
El fortalecimiento del resguardo a las sedes jurisdiccionales responde a la necesidad de blindar la independencia de los fallos judiciales ante amenazas armadas ilegales, en un contexto de estricto control de la disciplina y vigilancia de los cuerpos de seguridad semejante al analizado en el reporte sobre la separación de uniformados bajo investigación judicial en recintos penitenciarios publicado en este portal informativo.
Evaluación técnica de riesgos y blindaje perimetral
Durante la mesa de trabajo, en la que participó el director general de Seguridad Ciudadana y Orden Público de la Policía, general William Villarroel, se acordó la realización inmediata de diagnósticos de vulnerabilidad en complejos judiciales situados en provincias con alta conflictividad penal, tales como Guayas, Manabí, Esmeraldas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas. Estas jurisdicciones concentran los juzgamientos más delicados contra cabecillas de grupos de delincuencia organizada.
El plan interinstitucional estipula la instalación de perímetros de seguridad reforzados, filtros biométricos para el ingreso de usuarios, arcos detectores de metales y explosivos en los accesos peatonales y vehiculares, así como patrullajes continuos de unidades tácticas uniformadas en los alrededores de los palacios de justicia, bajo los lineamientos oficiales de la Función Judicial del Ecuador.
Adicionalmente, se dispuso la reevaluación urgente del perfil de riesgo de jueces de garantías penales, jueces anticorrupción y agentes fiscales que sustancian causas vinculadas a delitos de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, sicariato, extorsión y enriquecimiento ilícito no justificado, asignando escoltas policiales dinámicas tanto para sus desplazamientos oficiales como para la custodia de sus residencias personales.
Doctrina conjunta y despliegue policial-militar
Los mandos de la Policía Nacional del Ecuador ratificaron su compromiso de destinar equipos de élite y personal especializado en inteligencia para neutralizar cualquier intento de intimidación previa o posterior a las audiencias de juzgamiento. La institución policial coordinará con los directores provinciales de la Judicatura para implementar salas virtuales seguras de audiencia cuando las condiciones de seguridad física aconsejen no trasladar a personas privadas de la libertad hacia los juzgados ordinarios.
Por su parte, los representantes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, confirmaron que continuarán prestando apoyo complementario en el control de armas, municiones y explosivos en los perímetros externos de las instalaciones judiciales emplazadas en cantones declarados bajo estado de excepción o catalogados como zonas críticas de seguridad.
Garantía institucional para la administración de justicia
Las autoridades del Consejo de la Judicatura enfatizaron que el funcionamiento del Estado constitucional de derechos y justicia no puede supeditarse al temor ni al chantaje de organizaciones criminales transnacionales. La provisión de garantías efectivas de seguridad física representa un requisito indispensable para que los magistrados ejerzan sus competencias jurisdiccionales con estricto apego a la Constitución y la ley, sin injerencias ni coacciones ilícitas.
Finalmente, los delegados de las tres instituciones acordaron sostener reuniones evaluativas semanales para monitorear la efectividad de las medidas adoptadas, ajustar los contingentes de seguridad según la evolución de las amenazas territoriales y asegurar que la ciudadanía reciba una atención judicial oportuna, ininterrumpida y en entornos plenamente pacíficos.
