- Moradores alertaron sobre tres cadáveres maniatados junto al canal fronterizo internacional.
- Las cabezas de las víctimas fueron halladas en sacos de yute a pocos metros de los cuerpos.
- Equipos forenses estiman que el crimen fue cometido durante la noche en una casa de seguridad.
- La Policía atribuye el hecho a la disputa por el cobro de peajes ilegales a contrabandistas.
El cantón fronterizo de Huaquillas, en la provincia de El Oro, amaneció sumido en el estupor este 23 de septiembre de 2026 tras el macabro hallazgo de los cuerpos decapitados de tres hombres en un paso clandestino colindante con el canal internacional que divide a Ecuador de Perú, una zona fuertemente disputada por facciones delictivas como se evidencia en los recientes operativos ejecutados contra estructuras de delincuencia organizada en la frontera sur.
El hallazgo se produjo alrededor de las 06:30 cuando trabajadores agrícolas y transeúntes que cruzaban hacia parcelas colindantes avistaron tres bultos cubiertos con plásticos negros entre los matorrales del sector conocido como La Salina. Al aproximarse los agentes policiales del circuito Hualtaco, constataron que las víctimas se encontraban maniatadas de pies y manos con cinta de embalaje industrial y presentaban evidentes signos de tortura física previa a la decapitación.
Peritajes de Criminalística y hallazgo de restos anatómicos
Agentes especializados de la Policía Nacional del Ecuador y peritos forenses acordonaron un perímetro de seguridad de 200 metros para preservar las evidencias. A unos 15 metros de donde yacían los torsos, ocultas dentro de sacos de yute blanco, fueron localizadas las cabezas de las víctimas, cuyas edades preliminares oscilan entre los 20 y 35 años. Los peritos de Criminalística levantaron varios casquillos de calibre 9 mm y cuchillos de corte industrial presuntamente utilizados en el hecho violento.
De acuerdo con las primeras hipótesis formuladas por delegados de la Fiscalía General del Estado, el triple crimen no se habría perpetrado en la intemperie del canal, sino en un inmueble o casa de seguridad clandestina del sector urbano de Huaquillas, tras lo cual los perpetradores utilizaron camionetas o botes artesanales para arrojar los restos en el límite fronterizo con el objetivo de infundir terror entre bandas rivales.
Guerra territorial por pasos clandestinos y extorsión transfronteriza
La franja fronteriza de Huaquillas experimenta una escalada de hostilidades entre células locales de Los Lobos y bandas criminales peruanas que se disputan el control de los más de 30 pasos no autorizados habilitados a lo largo del canal. Estos corredores ilegales son utilizados para el contrabando de combustible subvencionado, armas de fuego, mercadería no declarada y el tráfico ilícito de migrantes procedentes de distintos continentes.
La extorsión o cobro de peaje a comerciantes informales y traficantes que cruzan la línea de frontera genera miles de dólares diarios, lo que convierte a cada puente improvisado en un botín sangriento. La Policía y las Fuerzas Armadas intensificaron los patrullajes combinados en el casco urbano de Huaquillas y anunciaron la destrucción con maquinaria pesada de nuevos terraplenes clandestinos.
Coordinación binacional con la Policía Nacional del Perú
Las autoridades investigativas mantienen activas coordinaciones con la Policía Nacional del Perú para cotejar fichas dactilares y bases de datos dactiloscópicas, ante la presunción de que dos de las víctimas pudieran ser de nacionalidad extranjera. Este tipo de violencia extrema refleja la transnacionalización de las mafias que operan en los márgenes de ambos países.
Dirigentes del comercio fronterizo hicieron un angustioso llamado al Gobierno central para que declare zona de seguridad militarizada a toda la ribera del canal, garantizando el libre tránsito legal por el puente internacional de Aguas Verdes y protegiendo a los ciudadanos honestos que temen quedar atrapados en el fuego cruzado.
La comunidad huaquillense reclama que los planes de contingencia social acompañen a las intervenciones policiales, pues la falta de empleo formal y el cierre intermitente de comercios han empujado a sectores vulnerables hacia las redes de economía ilícita transfronteriza.
Por su parte, delegaciones de derechos humanos exhortaron a que se fortalezcan los mecanismos de protección para testigos presenciales, asegurando que las denuncias reservadas no expongan a los moradores a represalias directas por parte de las células criminales.
El espeluznante suceso subraya la imperiosa necesidad de reforzar la presencia estatal y la cooperación judicial binacional en la frontera de El Oro, cerrando definitivamente las rutas ilegales que financian la sangrienta espiral delictiva en la región sur del Ecuador.
