- El Decreto Ejecutivo 498 declara el estado de excepción en ocho provincias y tres cantones adicionales.
- La medida rige por 60 días, del 15 de septiembre al 14 de noviembre de 2026.
- En Quito se despliegan 4.000 policías y militares como parte del Plan de Protección Quito.
- En agosto, operativos similares dejaron una reducción del 20% en delitos y más de 800 aprehendidos.
El Gobierno del presidente Daniel Noboa declaró un nuevo estado de excepción mediante el Decreto Ejecutivo 498, vigente desde este 15 de septiembre hasta el 14 de noviembre de 2026, es decir, por 60 días. La medida cubre a Pichincha, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas, además de tres cantones adicionales que el decreto detalla de forma específica.
Qué habilita el estado de excepción
La declaratoria permite a las fuerzas del orden ejecutar «requisiciones y registros, así como ingreso a domicilios sin autorización previa», una facultad extraordinaria que solo puede aplicarse bajo un estado de excepción formalmente decretado. El Gobierno justifica la medida en la «persistencia de estructuras delictivas» dedicadas al microtráfico, la extorsión, el secuestro y el lavado de activos, actividades que las autoridades atribuyen a organizaciones como Los Lobos, Los Choneros, Los Tiguerones, Vatos Locos y Latin Kings, entre otras estructuras con presencia activa en las provincias incluidas en el decreto.
4.000 uniformados en las calles de Quito
En la capital, el decreto se traduce en el despliegue de 4.000 policías y militares bajo el llamado Plan de Protección Quito, con operativos concentrados en distritos identificados como puntos críticos de criminalidad, entre ellos La Delicia, Eloy Alfaro y Calderón. El ministro del Interior, John Reimberg, ha defendido este tipo de despliegues como parte de una estrategia sostenida que combina presencia policial y militar con inteligencia focalizada en los sectores de mayor incidencia delictiva de la ciudad.
Toque de queda solo en cuatro de las ocho provincias
A diferencia del estado de excepción, que aplica a las ocho provincias mencionadas, el toque de queda derivado del mismo decreto se limita a El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí, con un horario de restricción nocturna de 00:00 a 05:00 entre el 17 y el 30 de septiembre. Es decir, Pichincha —y por tanto Quito— queda bajo el paraguas legal del estado de excepción, con sus facultades de registro e ingreso a domicilios, pero sin la restricción horaria de movilidad que sí rige en las cuatro provincias costeras.
Resultados que el Gobierno atribuye a la estrategia
El Ejecutivo cita como respaldo de la medida los resultados reportados durante agosto en operativos similares: una reducción del 20% en la incidencia delictiva, más de 800 personas aprehendidas y la incautación de más de 70 armas de fuego en las zonas donde ya regían medidas de excepción. Esas cifras, según el Gobierno, sustentan la decisión de extender y renovar el estado de excepción en lugar de dejarlo caducar, pese a las críticas de organizaciones de derechos humanos sobre el uso prolongado de este tipo de figuras jurídicas excepcionales.
El nuevo decreto se suma a un frente de seguridad que ya venía intensificándose en las provincias afectadas, en línea con hechos recientes como el secuestro de un comerciante en Borbón, Esmeraldas, uno de los episodios que ilustra la persistencia de estructuras criminales en zonas rurales y fronterizas del país. La estrategia de seguridad del Gobierno también avanza en paralelo a cambios institucionales en el sistema judicial, como la reestructuración de la unidad especializada en crimen organizado dentro del Consejo de la Judicatura, que busca acelerar los procesos penales vinculados a estas mismas organizaciones delictivas.
El Gobierno no descartó ampliar el número de provincias bajo estado de excepción si los indicadores de criminalidad no muestran una mejora sostenida antes de que venza el plazo de 60 días fijado en el Decreto 498, el próximo 14 de noviembre.
