- El Ejército Ecuatoriano denunció el 21 de septiembre ante la Fiscalía un presunto abuso sexual en la cárcel Guayas 2.
- Un video muestra a un militar tocando a una interna por debajo de la camiseta, según reportes verificados.
- Organizaciones de derechos humanos pidieron a la Defensoría del Pueblo investigar de forma urgente.
- El caso está bajo investigación; no existe aún resolución judicial sobre responsabilidades.
El Ejército Ecuatoriano presentó el lunes 21 de septiembre de 2026 una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado por un presunto caso de abuso sexual contra una interna del Centro de Privación de Libertad Femenino Guayas 2, en Guayaquil. La institución militar cumple funciones de seguridad y control en ese centro penitenciario.
La denuncia se activó después de que circulara un video en el que se observa a un militar tocando a una mujer privada de libertad por debajo de la camiseta, según confirmaron medios que accedieron al material. El hecho se conoció públicamente el fin de semana previo a la denuncia formal.
Organizaciones de derechos humanos piden investigación urgente
Varias organizaciones defensoras de derechos humanos solicitaron a la Defensoría del Pueblo investigar con urgencia las alertas registradas en la cárcel Guayas 2, relacionadas con presuntos actos de acoso, violencia y abuso sexual cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas durante tareas de seguridad, control e inspección.
Un día después de conocerse el video, las mismas organizaciones alertaron sobre un nuevo incidente: personal militar habría reingresado al centro y utilizado gas lacrimógeno contra las internas, en un hecho que atribuyeron a la difusión del material. Ese episodio generó preocupación adicional sobre posibles actos de represalia o intimidación contra quienes denuncian abusos dentro del sistema penitenciario.
Qué dijo el Ejército sobre el presunto abuso sexual
El Ejército Ecuatoriano señaló que «brindará toda la colaboración y las facilidades necesarias para esclarecer los hechos» y reiteró su «política de tolerancia cero frente a conductas de integrantes de las Fuerzas Armadas que contravengan la ley». La institución precisó que se encuentra recabando y verificando información dentro del ámbito de sus competencias.
Por ahora se trata de presuntos hechos bajo investigación. No existe una resolución judicial que determine responsabilidades individuales, y la Fiscalía es la entidad encargada de establecer si hubo delito y quién lo cometió.
El marco legal que rige estos casos en Ecuador
El Código Orgánico Integral Penal tipifica el abuso sexual y sanciona con mayor severidad cuando el agresor actúa desde una posición de autoridad o custodia sobre la víctima, como ocurre con el personal de seguridad en un centro penitenciario. La ley también contempla agravantes cuando el hecho ocurre contra una persona privada de libertad, dada su situación de vulnerabilidad frente a quien la custodia.
La Fiscalía General del Estado es la entidad a cargo de investigar y, de encontrar mérito, judicializar este tipo de denuncias. El proceso, una vez formalizado, pasa a conocimiento de la Función Judicial, que determina medidas cautelares y, eventualmente, responsabilidad penal.
Un antecedente reciente en la justicia militar
El caso se suma a otros procesos recientes que han puesto bajo escrutinio la conducta de miembros de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad interna. Panorama Ecuador reportó en septiembre que militares implicados en el caso Las Malvinas piden reducción de pena, un proceso judicial distinto pero que ilustra el escrutinio creciente sobre la actuación militar en contextos de control interno.
La Defensoría del Pueblo tiene entre sus competencias vigilar el respeto a los derechos humanos de la población privada de libertad, incluida la protección frente a posibles represalias contra quienes denuncian abusos dentro de un centro penitenciario.
Por qué hay militares dentro de una cárcel de mujeres
Las Fuerzas Armadas ecuatorianas asumieron funciones de seguridad y control en varios centros penitenciarios del país desde la crisis carcelaria que llevó al Gobierno a declarar el sistema en emergencia. Esa presencia militar, pensada para frenar motines y el control territorial de bandas dentro de las cárceles, también amplió el número de custodios con contacto directo y constante sobre la población privada de libertad.
Ese mismo esquema es el que ahora está bajo escrutinio en Guayas 2, donde organismos de derechos humanos cuestionan si los protocolos de control interno previenen abusos de poder contra las internas o si, por el contrario, dejan zonas grises de supervisión insuficiente sobre el propio personal de seguridad.
Qué sigue en el proceso
La Fiscalía deberá recabar el video, testimonios y peritajes técnicos antes de formular cargos, si los encuentra. Mientras tanto, el Ejército mantiene su propia verificación interna, un procedimiento independiente del proceso penal que busca establecer si hubo faltas al régimen disciplinario militar.
Ninguna autoridad ha identificado públicamente al militar señalado en el video ni ha entregado detalles adicionales sobre la interna afectada, en línea con la reserva que exige este tipo de investigación mientras se recaba evidencia.
